Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La velocidad con que se suceden los casos de corrupción, resultado de la extensa contaminación de todo el Estado, hace que no reparemos en algunos precedentes importantes que se han ido dando y que señalan un camino expedito para dilucidar la responsabilidad penal. Se ha hablado bastante de la Ley de Aceptación de Cargos, pero hay indicios de que la misma entró en el viejo programa de chantaje utilizado tantas veces en el Congreso para hacer “rentable” la aprobación de algunas medidas que puedan tener interés para sectores específicos. Sin embargo, nuestra legislación contempla procedimientos mediante los cuales una persona que asume su responsabilidad y admite alguna acción en conflicto con la ley, se puede beneficiar no sólo de una reducción de la pena sino también librarse de la prisión preventiva.
En el caso Construcción y Corrupción varios de los sindicados aceptaron ante el juez haber pagado sobornos a la red que dirigía Alejandro Sinibaldi y recibieron ese beneficio. El argumento de los contratistas ha sido que ellos se ven obligados a efectuar esos pagos ilegales porque sin ellos no les adjudican ningún contrato y, de ajuste, no les pagan por los trabajos realizados hasta que también para ese trámite se pongan firmes. Como sea, el caso es que al ventilarse la forma en que opera un sistema que ha promovido la corrupción (y de paso mamarrachos de obra porque parte del pago es también para librarse de la supervisión) se abren espacios para implementar las modificaciones que impidan en el futuro esas prácticas que tanto daño le hacen al país.
En Guatemala no tenemos la cultura de asumir la responsabilidad de nuestros actos y generalmente estamos buscando excusas, subterfugios o justificaciones cuando incurrimos no sólo en errores sino hasta en delitos. Dar la cara no es una práctica común porque como el sistema ha sido hecho para que quien tenga una pizca de poder o influencia pueda beneficiarse de la impunidad, no ha sido en absoluto necesario que se asuman las consecuencias de algún hecho ilícito de cualquier magnitud o naturaleza.
Siento que sería un paso enorme para empezar la construcción de una Guatemala distinta el que ahora que se están ventilando los casos de corrupción se asuman responsabilidades porque con ello se evidencia la realidad de nuestro sistema y se abre el camino para importantes reformas que introduzcan la transparencia como elemento esencial en el manejo de los recursos públicos. Por supuesto que es más fácil hacer las de Colom, negando toda responsabilidad en la corrupción y diciendo que es víctima de un atropello pues, en cambio, admitir responsabilidad demanda coraje y entereza que no toda la gente tiene.
Pero en temas como el del financiamiento electoral sería altamente positivo que atendieran el llamado que la semana pasada hizo el comisionado Iván Velásquez para que se reconozca el hecho y se asuman las consecuencias. Ello facilitaría que los sindicados puedan gozar de medidas sustitutivas y penas menos severas, pero lo más importante es que demostraría un sano propósito de enmienda personal y de enmienda a un sistema político que apesta porque está podrido.
