Una de las quejas del gobierno de Jimmy Morales, expresada hasta el cansancio por la Canciller y repetida de igual manera por los voceros de la impunidad, es que se abusa del procedimiento de captura cuando, dicen ellos, podría bastar una citación al tribunal para que los sindicados de casos de corrupción se apersonen y puedan rendir declaración ante el juez competente. Se ha hablado de acciones desproporcionadas para realizar las capturas por el despliegue que se hace de efectivos policiales cuando, dicen, bastaría una citación para lograr el objetivo.
El caso del general Melgar Padilla ha demostrado la falacia de ese argumento. Debido a su posición como comandante del más importante cuartel del país el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad decidieron no ejecutar la orden de captura en prevención de una situación conflictiva que se hubiera podido producir con los elementos de tropa y giraron un oficio al Ministerio de la Defensa informando de la pesquisa que realizan y de la orden de captura existente contra el jefe militar. Resultó que, según ese despacho, el oficial a cargo de uno de los más importantes regimientos de todo el país entró de franco, es decir a gozar de descanso, el mismo día en que se realizaron las primeras capturas, pero el colmo es que sus superiores y concretamente el Ministro de la Defensa “no pudo” establecer contacto con él. Afortunadamente no era una emergencia de seguridad nacional porque imaginemos lo que ocurriría en una situación así y que el Ministerio de la Defensa no pueda tener comunicación con el comandante de una Brigada como la Guardia de Honor.
El caso es que el general Melgar Padilla, recién ascendido por el Presidente Morales a fines del año pasado, no apareció por ningún lado pero obviamente sabe de la orden de captura porque ayer mismo presentó una acción de Amparo en contra de esa orden judicial, no obstante que es ante el tribunal competente que debiera presentar cualquier razonamiento para hacer valer un supuesto derecho de antejuicio porque el Amparo únicamente tiene validez cuando hay agravio irreparable.
De suerte que el caso del general Melgar Padilla, un militar que juró respeto a la Constitución y las leyes, es un ejemplo clarísimo de por qué procede realizar las capturas de los señalados de la comisión de delito y que las tales citaciones no tienen sentido en un país donde el respeto a la ley es una quimera y en cambio su violación se ha convertido en parte de la vida diaria.
