Víctor Ferrigno F.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), en 2017 al menos 150 niños murieron por desnutrición aguda; uno cada 60 horas. Muchos de ellos fallecieron por negligencia o falta de recursos, debido a la corrupción o la evasión fiscal, pero el régimen de impunidad imperante nos dificulta identificar a los homicidas. Sin embargo, es seguro que matan, por ello no basta que acepten los cargos civiles y devuelvan algo de lo robado; hay que enjuiciarlos.
Los niños con desnutrición aguda suman 19 mil 160, que representan el 0.7% de los menores de 5 años. Sin exagerar, todos están en riesgo de muerte, pues el sistema de Salud no les da la atención debida. Un informe de monitoreo del programa Ventana de los Mil Días revela que, en octubre del año pasado, el 15% de puestos de salud estaban cerrados; “un puesto cerrado significa perder la oportunidad de recibir atención cuando la población lo demanda”, explica el informe.
En relación con los insumos, el 24% de puestos no tenía vitamina A y el 46% tampoco contaba con micronutrientes en polvo, un suplemento que se ofrece a los niños a partir de los 6 meses de edad. En cuanto al abastecimiento de vacunas, solo el 33% de los puestos de salud tenía la serie de ocho vacunas necesarias para inmunizar al niño.
Según el titular de la Sesan, “hay una brecha que recorrer como país, ya que son cinco mil puestos de salud los que se debieran tener y solo hay 1,263”.
Para colmo, en agosto pasado, mientras muchos infantes agonizaban, se descubrió que más de 600 cajas de un medicamento nutricional no fueron entregadas a niños que padecen desnutrición, debido a que se vencieron en bodegas del Ministerio de Salud, por malos procedimientos en el almacenamiento y distribución. «Del resultado de esta evaluación se procedió a la deducción de responsabilidades a los departamentos correspondientes», indicó el Ministerio de Salud, sin precisar qué medidas fueron tomadas contra los responsables, que impidieron salvar vidas.
Además de la mortal desnutrición aguda, tenemos el flagelo de la desnutrición crónica, que afecta al 46.5% de niños en Guatemala, la que también mata, pero lentamente. En total, son un millón 272 mil niños los que están condenados a no alcanzar su potencial físico e intelectual en el país.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en su Décimo Informe de Seguridad Alimentaria Nacional 2017, reportó que las diferentes instituciones que tienen a su cargo la lucha contra la desnutrición solo ejecutaron Q3 mil 628 millones, equivalentes al 77% del presupuesto establecido en el Plan Operativo. Además, indicó que desde 2013 se ha reducido en Q287.8 millones la asignación presupuestaria.
En enero pasado el Comité de Derechos del Niño de la ONU evaluó a Guatemala, y su informe nos desnudó como un país que deja morir de hambre, explota laboralmente o expulsa a los niños, nuestro mayor tesoro. Nos brinda más de 120 recomendaciones, en relación con el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo; la tortura y otros tratos crueles y degradantes a infantes; y las políticas gubernamentales de privación de la niñez de su entorno familiar.
¿Cómo llegamos a este cuadro apocalíptico? Fue gracias al régimen de impunidad imperante, el cual ha permitido a los poderes espurios afianzar un brutal sistema de explotación y exclusión, que ha condenado a los indígenas, a las mujeres, a los niños y a los sectores sociales más pobres a un viacrucis histórico.
Además, quien sobrevive y se rebela, lo persiguen, lo encarcelan o lo matan, pero ni así han logrado doblegarnos. Por ello, debemos recuperar el Estado para el bien común, y enjuiciar a los corruptos.
