Juan Antonio Mazariegos G.
En la reciente presentación a la opinión pública del denominado caso Transurbano, resaltó el hecho de que no se haya involucrado al doctor Rafael Espada, exvicepresidente de la República durante el Gobierno de la UNE, dentro del listado de órdenes de captura o no se le haya señalado como involucrado en los hechos con los que se acusaba al resto de sindicados.
Si hacemos un poco de memoria, fue noticia en el 2009, cuando se aprobaba el Acuerdo Gubernativo que dio nacimiento a Transurbano, la negativa de Espada a firmar el acuerdo en mención, emitido en Consejo de Ministros del cual era parte, aduciendo que a su juicio no le parecía que el Estado participara en ese proyecto, hecho que le valió en aquel momento el reclamo del partido de Gobierno, del mismo Presidente y de otras personas afines a la UNE. Era un proyecto de partido y la negativa de Espada sonaba a traición o cuando menos a desconfianza.
Hoy, con el paso del tiempo y ante los hechos acontecidos recientemente, se aprecia la actitud de Espada como inteligente, se valora su actuar como el correcto y debe de servir como ejemplo para cualquier persona que pertenezca a un órgano colegiado, sea que el miso sea del sector público o del privado.
En Guatemala, durante muchos años y en distintas instancias se consideraba como parte de un ritual el levantar la mano para aprobar uno a uno los puntos de una agenda que se trataban en un Consejo de Administración o en la Asamblea de Accionistas de una empresa, al igual que similares manifestaciones se daban en entidades gubernamentales donde funcionarios públicos atendían reuniones en donde conformaban juntas, comités, consejos o similares. El trámite del acto culminaba con la recolección de firmas para el documento que contenía lo acordado, el cual según la importancia de las personas que debían firmarlo se acumulaba en montañas de papeles que en el mejor de los casos eran ligeramente revisadas cuando menos para fijarse si se estaba firmando en el lugar correcto.
Los tiempos han cambiado y el caso Transurbano lo demuestra, las decisiones que tome un órgano colegiado comprometen y responsabilizan por acción u omisión a todos aquellos que lo integren y hayan firmado sin dejar establecido su punto de vista, su voto razonado, su condicionamiento o su negativa sobre las decisiones que se tomen en dichos órganos. Sin duda la 99% de las decisiones son puramente operativas o administrativas, sin que de las mismas se originen o se planteen hechos delictivos, sin embargo, la asesoría, la transparencia, la información y el cumplimiento deben de estar presentes en todo órgano colegiado, previo a levantar la mano, cuestionar, documentarse y finalmente votar.
