Luis Enrique Pérez
Supongo que el ex presidente Álvaro Colom Caballeros estaba en su casa ocupado en preparar su viaje a Honduras, para cumplir una misión que le había asignado la Organización de Estados Americanos, cuando repentinamente agentes de la Policía Nacional Civil allanaron la casa. Y lo capturaron. Ávidas esposas sujetaron sus muñecas, y fue introducido en un vehículo policial. Luego compareció ante un juez, y fue objeto de orden de prisión provisional, acusado del delito de fraude y el delito de peculado. Y fue conducido a su legítimo hogar: la cárcel.
Cuando fue Presidente de la República, Colom Caballeros emitió un acuerdo gubernativo que otorgaba, con generosa y fecunda transgresión de la ley, casi 270 millones de quetzales a una comisión cuya finalidad era modernizar el transporte público urbano. El dinero fue transferido a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que contrató a empresas extranjeras para suministrar los bienes y servicios que convertirían en grata realidad un piadoso sueño de modernización.
Los ministros que firmaron el acuerdo fueron acusados de cometer los mismos delitos, es decir, fraude y peculado; y también fueron objeto de orden de prisión provisional. Están en prisión, por ejemplo, Juan Alberto Fuentes Knight, ex Ministro de Finanzas Públicas, que fue notablemente diligente en asignar el dinero; Salvador Gándara, ex Ministro de Gobernación; y Ana Ordóñez, ex Ministro de Educación Pública. Podemos decir que la cárcel alberga ahora a un expresidente y a su ex gabinete ministerial.
El Código Penal declara que comete el delito de fraude “el funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes o liquidaciones de efectos de haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado.” Este delito se sanciona con prisión de uno a cuatro años. Empero, “si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de tercero el producto de las exacciones expresadas en el párrafo que precede”, la sanción puede duplicarse.
Comete el delito de peculado “el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo, por razón de sus funciones.” Este delito se sanciona con prisión de tres a diez años, y una multa “de quinientos a cinco mil quetzales.”
Según la información suministrada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 10 de los 270 millones de quetzales fueron depositados, desde el extranjero, en cuentas bancarias privadas creadas en Guatemala. Ninguna de esas cuentas pertenecía al presidente Colom Caballeros, o a su esposa y después ex esposa, Sandra Torres Casanova.
Empero, todavía se ignora el destino de aproximadamente 20 de los 270 millones de quetzales. Una investigación posterior podría revelar quién o quiénes se habrían beneficiado ilícitamente de esta cantidad de dinero. Esta investigación no excluye, por supuesto, que se haya beneficiado Colom Caballeros, y hasta podemos conjeturar que el negocio no se hubiera consumado si él no hubiera obtenido un ilícito beneficio.
Torres Casanova ejerció una influencia tal en el gobierno del presidente Colom Caballeros, que hasta puede afirmarse que ella fue quien realmente aprobó la creación del nuevo servicio de transporte público. Surge, entonces, la expectación de que la continuación de la investigación criminal revele que Torres Casanova también se benefició ilícitamente de los 20 millones de quetzales cuyo destino todavía se ignora, y sea, entonces, objeto de acción penal pública. Uno de los acusados, o un testigo protegido, o uno no protegido y aun desprotegido, puede contribuir a esa revelación.
Post scriptum. Quizá los países que financian la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala contemplan extasiados el probablemente planificado resurgir del comisionado Iván Velásquez. Quizá el presidente Morales ha desistido de pedir que ese comisionado sea destituido. Y quizá en el alma de la Jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana, merodea la tentación de una candidatura presidencial.
