En esta nuestra república tropical el nombramiento para desempeñar un Ministerio significa oportunidades para figurar, hacer negocios o implementar políticas con visión de Estado para resolver problemas relacionados con el giro de sus carteras. Obviamente, a la luz de la ausencia total de políticas públicas que impulsen desarrollo, los poquísimos que no llegan a hacer negocios se conforman con figurar y sentirse parte del poder y en agradecimiento al Presidente que tuvo “el acierto de nombrarlos” firman lo que les mande a poner enfrente.
La ley, sin embargo, los hace solidariamente responsables de todo lo que dispongan en Consejo de Ministros, además de lo que hagan o dispongan en su propio ministerio. En otras palabras, no sólo son responsables, por ejemplo, de firmar pactos colectivos violando la ley por no contemplar fuentes financieras para respaldar el compromiso del Estado, sino también cuando el gobernante les manda a decir que estampen su firma en un acuerdo mediante el cual se dispone malversar cientos de millones de quetzales. Algún comentarista dice hoy que el meollo del asunto está en la firma del acuerdo, lo cual es falso porque el meollo está en los 35 millones de dólares que fueron regalados a los transportistas urbanos que nunca fueron niñitos vestidos de primera comunión y que mangonearon sin control los millones del subsidio, cosa que todos sabían.
Es cierto que puede haber uno que otro ministro que firmó por lambiscón sin siquiera leer lo que le pusieron enfrente, pero hay otros que no tienen perdón de Dios porque fueron parte operativa del trinquete y lo orquestaron. Si no se embolsaron nada peor para ellos, pero su gravísima responsabilidad no puede ser negada. En el caso de quien como Ministro de Finanzas armó todo el pastel no cabe alegar ignorancia respecto al carácter delictivo del acuerdo, aunque pueda ser que simplemente le faltó valor para denunciar a la verdadera mandamás que le pudo haber ordenado que hiciera la barrabasada. Su sucesor, Edgar Balsells, prefirió renunciar antes de embarrarse ejecutando órdenes tarantulescas.
La lección es enorme y nadie la debe olvidar. La firma en un documento público siempre tiene efectos legales y cuando se avala un trinquete, aunque sea por ignorancia, incapacidad, comodidad, lambisconería o displicencia, se incurre en delito. Lo mismo pasó ya con el representante del CACIF en el IGSS y mayor razón para que los ministros asuman siempre su responsabilidad. Eso no significa inmovilismo o lentitud en las decisiones adoptadas en el desempeño de la función pública, sino respeto a la legalidad y rechazo a la corrupción.
