Fernando Mollinedo C.
Guatemala inició el año 2018 siendo un país en proceso de colapsar su economía, profundizando peligrosamente la desigualdad social donde por lo menos 14 millones de habitantes llevan pegada a su piel la incertidumbre como futuro, mientras que cinco o seis millonarios concentran por lo menos un diez por ciento de la riqueza nacional.
Los guatemaltecos sobrellevamos un Gobierno que no sabe y es incapaz de garantizar las condiciones mínimas en materia de derechos humanos; no hay atención a los desplazados por la violencia de los narcotraficantes, desaparición forzada de personas, entre otros problemas.
El ESTADO DE GUATEMALA COMO INSTITUCIÓN ESTÁ PRESENTE con su estructura administrativa en sus tres organismos que permiten la actividad de ejercer GOBERNANZA o sea, gobernar. No es correcto confundir el Estado con el GOBIERNO, las personas que hacen, ejecutan y realizan actos gubernamentales utilizando la estructura del Estado son LOS GOBERNANTES, responsables de los resultados buenos o malos de sus gestiones en los diferentes ministerios, direcciones y/o instituciones o dependencias que administran.
El GOBIERNO y los gobernantes de turno son responsables jurídicamente de los resultados de la administración y debería deducírseles responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus actos; caso contrario, reconocer su buena administración, porque para ello se les está pagando un MAGNÍFICO SALARIO Y/O SUELDO y es a lo que se OBLIGARON cuando fueron nombrados o electos para el ejercer sus cargos. Los políticos no escriben sus memorias, sólo sus justificaciones.
Los problemas sociales se multiplicaron con el crecimiento de la población; trabajadores sin empleo pululan en las calles, para sobrevivir cientos de miles ingresan al comercio informal, otros, debutan en el campo del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones; algunos emprenden viaje hacia el norte y otros más se dedican a ejercer la actividad denominada política.
Los gobiernos de turno adoptan el mecanismo del amedrentamiento y represión masiva contra dirigentes o activistas de los sectores obreros representativos que descubren, denuncian y revelan los actos administrativos anómalos e ilegales que ejecutan los empleados y funcionarios del Gobierno del país; por ello, es común ver sectores obreros y campesinos “tomar” calles, avenidas y carreteras (aunque ya no circulen carretas) exigiendo respeto a sus derechos humanos y la obligación del Gobierno a paliar los problemas sociales a nivel local y nacional.
La población no se resigna a perder sus recursos hídricos, sus tierras invadidas por monopolios extranjeros y nacionales que destruyen sus bienes, zonas sagradas, los expulsan o los explotan en sus propios territorios; esa lucha, los lleva a la cárcel cuando bien les va.
Pareciera que la actividad administrativa de los gobernantes es luchar contra el clamor popular, estableciendo una contracorriente económica, laboral, energética y educativa que mantenga el statu quo de la mayoría en una ignorancia supina o con un analfabetismo funcional que no les permita cuestionar los incumplimientos gubernamentales.
