Oscar Clemente Marroquín
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En mayo de 1993 el presidente Jorge Serrano empezó a sentirse acorralado en la disputa por el botín del Estado debido a la voracidad de diputados y magistrados que iban por la libre sin “respetar” los parámetros que el gobernante quería imponerles para asegurarse el control de los negocios que se hacen desde el Estado. Los rostros más visibles de la disputa eran el del mismo Serrano y los de Obdulio Chinchilla Vega y Juan José Rodil, quienes desde el Congreso y la Corte Suprema de Justicia demostraban su poder e influencia desafiando la autoridad de un Serrano que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de insubordinaciones.
Mucha gente vio en la disputa la oportunidad de incrementar su influencia y poder en el círculo del Presidente para así mejorar también su posibilidad de hacer negocios y le empezaron a hablar al oído para hacerle ver que él tenía el poder y la autoridad para poner en cintura a los que lo estaban fregando y le habían desafiado de manera insolente. Serrano necesitaba poco para ponerle oídos a esas sugerencias y de esa cuenta se fue creando el ambiente para la mañana del 25 de mayo cuando, en cadena nacional, informó de su decisión de disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, ordenando además la captura del entonces Procurador de los Derechos Humanos. Contaba con el respaldo de la cúpula del Ejército que lo arropó desde ese momento y le dio más fuerza para aplastar cualquier oposición, pero no contaba con la oficialidad que se sintió manoseada y utilizada.
Si las intenciones de Serrano hubieran sido para depurar al país, seguramente la prensa y la población le apoyan porque todos sabíamos que el Congreso era entonces un nido de corrupción (sin embargo, incomparable con lo que ahora hay) y la Corte no gozaba de ningún prestigio ni respeto. El manotazo de Serrano iba, efectivamente, contra los corruptos, pero él carecía de la autoridad moral para hacerlo y de esa cuenta su acto desesperado lo llevó a la perdición.
Ahora las condiciones son ligeramente distintas, puesto que hay una alianza, sellada en el Pacto de Corruptos, entre los tres organismos del Estado. El Ejército parece sometido a ese pacto y lo ha demostrado públicamente con actos muy simbólicos, y el enemigo está en una esfera distinta, la que representan tanto el comisionado Iván Velásquez como la Fiscal Thelma Aldana. Lo que hizo Serrano con sus enemigos lo quieren hacer los corruptos con la CICIG y el MP y les urge porque en los meses que le quedan en la fiscalía a la actual titular pueden suceder muchas cosas.
Queda, como en tiempos de Serrano, un último árbitro al que hay que controlar. La Corte de Constitucionalidad fue entonces la defensora del Estado de Derecho ante los abusos de poder y ahora hay que sacar de allí a magistrados que no se han sometido al Pacto. El futuro de la Dictadura de la Corrupción depende de esa instancia y por lo tanto será el centro del primer acto desesperado que hará estallar el nuevo Serranazo.
