Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La cantaleta contra la CICIG ha sido que viola la presunción de inocencia al andar investigando y luego al acusar a personas sindicadas de corrupción, pero ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas la Cancillería dijo, además, que ha abusado de la prisión preventiva. Me imagino cómo habrá abierto los ojos el señor Guterres porque es un funcionario ilustrado y hasta el más ignorante sabe que las órdenes de captura y de prisión preventiva no las dicta ni siquiera el Ministerio Público, mucho menos la Comisión, puesto que ello es competencia exclusiva de los jueces.
El ente acusador puede pedir que se dicte prisión preventiva si estima que hay peligro de fuga o de destrucción de evidencias importantes para el proceso, pero la decisión final es de los jueces y aunque los acusadores pueden apelar un fallo judicial, corresponde a un tribunal de segunda instancia tomar la decisión final.
El vergonzoso embajador guatemalteco ante Naciones Unidas dijo que Iván Velásquez trabaja sin supervisión de nadie ni rendir cuentas a alguien, a lo que yo agrego que es el mismo caso de la Fiscal General pues ocurre que en ese trabajo de combate a tanto pícaro no pueden andar dependiendo de que alguien les dé autorización para investigar, y menos si ese alguien es el titular de un gobierno corrupto. Si le dijeran al Embajador ante la ONU a quién están investigando, con su ya célebre chaqueterismo avisaría si el objetivo es de su interés y conveniencia.
Pero además dijo que Iván Velásquez estigmatiza a las personas sindicadas aún sin haberse emitido sentencia, pero lo que hacen el Comisionado y la Fiscal es informar de los operativos y capturas que realizan, lo cual es indispensable en aras de la transparencia y para evitar casos como aquel de un prestigioso médico que fue capturado en tiempos de Ríos Montt y cuya captura nunca fue anunciada hasta que el mismo Jefe de Estado tuvo que hacerla pública precisamente para evitar que pudieran “desaparecerlo” como ha sido tan corriente en nuestro pobre país. El estigma no es producto de la necesaria información de lo que se investiga y del resultado de las investigaciones. El estigma es producto de las actuaciones de cada quien y en absoluto atenta contra la presunción de inocencia porque esa garantía podrá cada uno hacerla valer en el proceso penal.
Pero dejémonos de babosadas porque cuando el 8 de diciembre de 2016 la PNC en coordinación con el Ministerio Público capturó a 112 personas supuestamente extorsionistas y sicarios pertenecientes al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, ni la Canciller ni el Presidente o los que batallan diariamente contra la CICIG y el MP desde sus redes sociales, dijeron nada de la presunción de inocencia de esa enorme cantidad de personas. En ese caso se pensó que “marero es marero” y que está bueno que los metan al bote sin consideraciones, rodeos o preocuparse porque los sindiquen de haber cometido delito. Igual pasó cuando los que cayeron fueron políticos que para la élite son “chorreados”, pero todo cambió cuando el “estigma” cayó sobre otra gente que, por su posición, esa sí deberá ser siempre y para siempre, presumida inocente.
