Raúl Molina
Los corruptos que tienen secuestrado el Estado, enquistados en el Congreso y en los principales cargos del Poder Ejecutivo, se sienten hoy omnipotentes por haber hecho el Pacto de Corruptos que une al Presidente y Vicepresidente, rodeados de ministros y secretarios incapaces e incondicionales, con más de cien diputadas y diputados que han demostrado, hasta la saciedad, que están en el lado de los corruptos, el Alcalde de la capital y otros alcaldes que malgastan y se apropian de los fondos municipales, y magistrados infiltrados en todo el sistema de justicia. Parece una muralla imposible de salvar para rescatar el Estado; pero una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos pensamos que con la lucha firme, constante y permanente contra la corrupción y la impunidad, la necesaria Revolución Ética mencionada antes, podemos extirpar este flagelo. El 31 de enero, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer su comunicado, intitulado: “Romper el pacto de corruptos y recuperar el Estado para el bien común”. Como integrante de esta Asamblea, me permitiré destacar algunos párrafos. Se inicia con una afirmación y un llamamiento: “Ante el debilitamiento y la cooptación creciente de la institucionalidad del Estado y el agravamiento de las condiciones sociales y económicas en que vive el pueblo de Guatemala, la Asamblea Ciudadana llama al movimiento social, a las instituciones académicas, organizaciones populares, Pueblos originarios y a la ciudadanía toda, a expresarse, organizarse y movilizarse en forma contundente, para recuperar la institucionalidad pública para el bien común” El comunicado critica a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y afirma: “la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros han perdido su legitimidad, debido a actuaciones poco transparentes y algunas abiertamente contrarias a la ética política… La reciente elección de Junta Directiva del Congreso de la República… fue producto de un acuerdo espurio, que busca garantizarse impunidad y fortalecer estructuras criminales destinadas a frenar la reforma profunda del Estado que demanda la sociedad, sin importarles romper o torcer la ley”.
La Asamblea Ciudadana alerta sobre las violaciones de derechos humanos y las acciones para desmantelar o limitar el trabajo de las instituciones defensoras de dichos derechos y los derechos de los pueblos indígenas, así como las amenazas y ataques a las y los periodistas, tanto anónimas como las proferidas por figuras políticas que se sienten por encima de la ley. Concluye el comunicado: “Desde la ciudadanía, las organizaciones sociales, populares y Pueblos indígenas, debemos redoblar nuestros esfuerzos por impedir de nuevo la instauración de un régimen de terror y la continuidad de la corrupción, en el país. Tenemos que continuar nuestra movilización ciudadana para garantizar el fin de la corrupción, la impunidad y detener la criminalización, persecución y encarcelamiento de dirigentes comunitarios”. Personalmente, insto a que asumamos la responsabilidad histórica de poner fin al Estado fallido que tenemos y a no detenernos hasta salir de la crisis.
