Javier Monterroso
En ocasiones nuestros trabajos, compromisos personales y profesionales, o incluso nuestros proyectos de vida limitan nuestra participación en los asuntos nacionales, no podemos criticar o manifestarnos en contra de ciertas políticas o decisiones porque eso conllevaría represalias por parte de nuestros empleadores o de quienes pueden en algún momento serlo, ya sea para nosotros o para nuestros familiares. Otras veces la limitación es más personal, tenemos amistad con una persona que trabaja en el gobierno y tomar posición puede afectar esa amistad. Sin embargo, hay situaciones y momentos en los cuales debemos tomar una posición clara y decidida contra aquellas políticas y decisiones que van en contra de nuestros principios, de las cosas en las cuales creemos o del bienestar del país, en esos momentos debemos olvidarnos de nuestros compromisos, de si las amistades se sentirán afectadas, incluso dejar de lado nuestros proyectos de vida, pues hay un objetivo más grande que nosotros mismos por el cual hay que luchar, incluso arriesgando todo lo demás.
Para mi ese momento llegó aquel domingo de agosto de 2017 cuando el presidente Jimmy Morales decidió en forma arbitraria e ilegal declarar non grato al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, ese momento debería marcar un parteaguas en la relación entre un ciudadano y su Presidente, pues la persona que debe dirigir al poder público para garantizar que se cumpla la ley es precisamente el que con tal de garantizarse impunidad para él, sus amigos y familiares quiere sacar a una de las personas que precisamente ha peleado porque se cumpla la ley, y debo aclarar que aunque no siempre he estado de acuerdo con los casos, las propuestas y las estrategias de la CICIG y que, además, algunas personas que aprecio se han visto afectados por algunos casos que la CICIG investiga, pero en ese momento decidí ponerme totalmente a favor de Iván Velásquez y en contra del presidente Morales, y acudí a la manifestación frente a la Corte de Constitucionalidad para respaldar al Comisionado.
Otro momento importante para tomar una posición, en este caso contra el Congreso de la República, fue el día 14 de septiembre de 2017, cuando 112 diputados, con el objeto de garantizarse impunidad para ellos, sus financistas y los secretarios generales de sus partidos decidieron aprobar reformas al Código Penal, que de haber sido llevadas a la práctica hubieran beneficiado a miles de personas que han sido condenadas por diversos delitos graves, incluyendo corrupción, violaciones y robos agravados, en ese momento esos 112 legisladores perdieron mi respeto y dejaron de tener legitimidad para ocupar una curul, pues antepusieron sus asuntos personales a los de la comunidad que los eligió, es por ello que acompañé la marcha del 20 de octubre en donde junto de miles de personas pedimos la renuncia de los diputados que habían aprobado esos decretos de impunidad conocidos como el Pacto de Corruptos.
Nuestro sistema político está inmerso en una batalla entre dos bandos, en un bando están el Ministerio Público, la CICIG, varios colectivos urbanos, organizaciones de derechos humanos, algunos jueces, y muchas personas que quieren un mejor país y que buscan mejorar el sistema de justicia, del otro bando están el presidente Jimmy Morales y su gobierno, la mayoría de diputados del Congreso de la República, varios jueces y empresarios y muchos que se han visto afectados por lo casos del MP y la CICIG, ellos buscan que la justicia no avance y que no se siga persiguiendo la corrupción, yo ya decidí cual es mi bando. ¿Y usted?
