Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
La función principal del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público es promover la persecución penal efectiva de los hechos ilícitos que se comenten en el país. La gestión de la Fiscal Thelma Aldana se ha caracterizado por la persecución de casos vinculados con la corrupción. En muchos de esos casos están involucrados altos funcionarios públicos, pertenecientes a los tres poderes del Estado.
Uno de los casos ejemplares es el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Están señalados de liderar la estructura criminal: el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Baldetti Elías. Además, están involucrados dos secretarios generales de la Secretaría de Administración Tributaria -SAT-; algunos exjefes de varias dependencias administrativas y exsecretario general del sindicato de dicha institución; el secretario privado de la exvicepresidenta; empresarios y personas particulares. El caso que se hizo público a mediados del mes de abril de 2015, pero avanza a paso de tortuga, debido a los múltiples recursos legales usados por las partes para evitar que se obtenga una sanción efectiva.
Otro caso emblemático es el planteado contra el expresidente del Congreso, Godofredo Rivera y el abogado de la VicePresidenta, Vernon González, por tráfico de influencias y cohecho (soborno). Este asunto tiene relación directa con el proceso de elección de magistrados para el período 2014-2019 en donde los partidos políticos mayoritarios (Lider y Patriota) acordaron cuotas en la elección de funcionarios judiciales afines a sus intereses políticos.
Un juicio que demuestra los altos niveles de corrupción en el sector de la Salud, es el proceso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS y la empresa farmacéutica Pisa. Se investigan anomalías en la contratación de servicios médicos para enfermos renales, que no cumplieron con los estándares necesarios, lo que ocasionó la muerte de varios pacientes, debido a las deficiencias del tratamiento ofrecido por la empresa.
El Sector Justicia también se ha visto manchado por la corrupción. Son varios los jueces y magistrados que están siendo procesados por actos anómalos. Un caso paradigmático es el del Bufete de la Impunidad en el cual se acusa de prevaricato a la juez Marta Sierra y de asociación ilícita y cohecho a varios abogados. El bufete ofrecía favorecer a sus clientes a través de arreglos judiciales, previo un soborno a los funcionarios. Entre los clientes se encontraban algunos de los implicados en el Caso La Línea, que fueron beneficiados con medidas sustitutivas otorgadas por la juzgadora. En el ámbito de la justicia, también sobresale la acusación por tráfico de influencias en contra de la magistrada Blanca Stalling; quien descaradamente presionó a un juez de Instancia para que favoreciera, con una medida sustitutiva, a su hijo Otto Molina Stalling sindicado en el Caso del Seguro Social.
Los anteriores casos no son los únicos que ha perseguido la Fiscal Aldana; solo son una muestra que la corrupción alcanza a los tres poderes del Estado y a muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Ejemplifican cómo los corruptos se roban nuestros impuestos, negocian con la salud y se garantizan impunidad.
Los personajes involucrados en casos de corrupción pertenecen a redes criminales, tienen recursos financieros, poder y mucho interés en que, quien dirija la fiscalía se abstenga de continuar las investigaciones iniciadas; para que ellos salgan liberados de los procesos en trámite. En la elección el Fiscal General está en juego que el Estado sea controlado por las mafias o continuar con la batalla por reconstruir la institucionalidad.
