Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer ocurrieron dos hechos que nos hacen pensar en lo que llegó a convertirse en “la normalidad” en el ejercicio de cualquier forma de poder en el país. Primero fue la cínica declaración de la SAAS admitiendo que se gastan el dinero de los contribuyentes para cubrir los gastos que normalmente debiera pagar el Presidente con su jugoso salario y luego la captura del diputado Arístides Crespo por el tema de las plazas fantasma.
En el primer caso, desde los tiempos del Estado Mayor Presidencial los gobernantes han recibido a manos llenas todo, desde comida hasta tragos, desde ropas hasta joyas, desde papel sanitario hasta perfumes, como parte del “sobresueldo” que se ha considerado como normal para todos los Presidentes. Se les cubren los gastos de casa con enorme generosidad y hasta los vicios que puedan tener son debidamente proveídos con cargo a la “seguridad” del mandatario.
En el segundo caso es sabido que hace mucho tiempo que nadie hace política por ideales o por mística porque se llegó a corromper de tal manera todo que el activismo que antaño era resultado de la convicción, terminó siendo pagado y sujeto a entendidos como aquel de que si gana el candidato, le tiene que asegurar plaza a todos los que le acompañaron a lo largo de la campaña. Y de esa cuenta se llegó a considerar como normal, como absolutamente común, que los políticos tenían la obligación de compensar con plazas reales o fantasma a sus activistas del proselitismo. Cuando los diputados no podían crear plazas tenían el poder de exigir a ministros o directores generales que les colocaran a su gente con cargo a la planilla pública.
Por ello es que nunca se ha querido aprobar una verdadera Ley de Servicio Público porque mientras menos control y regulación exista más facilidades para “cumplir con esas obligaciones” derivadas de las campañas electorales. Privadamente diputados reconocen que la creación de plazas responde, demasiadas veces, a esos compromisos que se adquieren cada cuatro años con la gente que se enrola y apunta para trabajar por determinado candidato.
El problema del país es que así como el Presidente siente que él no tiene que pagar por nada, ya que “para eso está la SAAS”, y los diputados creen que deben honrar los compromisos de asegurar un sueldo por lo menos por cuatro años a sus activistas, todos han terminado asumiendo como totalmente común y normal cualquier práctica que implique gastos injustificables en cualquier sistema sano de administración pública. El erario fue convertido en piñata desde hace mucho tiempo y no nos debe extrañar la ausencia de políticas públicas para atender los fines esenciales del Estado porque éste ha sido secuestrado por la dictadura de la corrupción que nos mantiene condenados a que la función pública se concentre únicamente en el pago de favores y en promover formas de enriquecimiento ilícito.
Ha sido todo eso tan normal que la Contraloría nunca reparó en esos vicios y hasta ahora, cuando desde el MP y la CICIG les llega la presión, se dan cuenta de tanta cochinada.
