La desfachatez que usó ayer la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling para entrampar el proceso que se le sigue, recusando al juez “porque son amigos”, más las actuaciones procesales de otros sindicados que hacen micos y pericos para entretener las causas, son hechos que confirman cuál es la apuesta de los que, por corrupción, están enfrentando a la justicia.

La apuesta es sencilla. Esperar al mes de mayo cuando el presidente Jimmy Morales, abanderado del pacto, consolide la dictadura de la corrupción con el nombramiento de un Fiscal General que instruya a sus subalternos para dejar caer todos los casos en marcha y para terminar con la cooperación entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.

No hay que ser avezado analista para entenderlo, porque el juego está demasiado claro. Todos los acusados recurren a tácticas dilatorias para entrampar los procesos y como se encuentran en prisiones VIP, en las que pueden comprar comodidades gracias a los millones amasados de mala manera, pues retrasar los juicios no es un problema ante la clara perspectiva de que en mayo todo terminará por la falta de actividad procesal coherente de parte de los fiscales encargados de los casos.

Es una real vergüenza lo que estamos viendo y cómo el litigio malicioso se va imponiendo con tanta facilidad. Posiblemente si los acusados estuvieran en El Preventivo o en Pavón, junto al resto de los delincuentes que enfrentan proceso, lo pensarían dos veces antes de estar interponiendo acciones para detener los procesos, pero en medio del confort que significa su condición VIP en el Sistema Penitenciario pueden darse ese lujo de jugar con los tiempos para evitar condenas cuando las fiscalías están todavía trabajando para la aplicación de la ley y no al servicio de la impunidad.

Por ello es que resulta importante el viraje que mostró la Conferencia Episcopal en su último comunicado en el que reconocen la existencia de una dictadura de la corrupción en Guatemala y llaman a la ciudadanía a desempeñar su papel para emprender el camino de rectificación que nos permita construir un nuevo orden político en el que no se privilegie el negocio y se ponga atención a las claras y sentidas necesidades de los pueblos. Temas como inseguridad, pobreza, migración y desnutrición tienen mucho que ver con la extendida práctica de la corrupción en el país porque el Estado perdió el norte y dejó de cumplir con sus fines esenciales, especialmente de promoción del bien común.

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