Francisco Cáceres Barrios
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Siempre he creído que para ser funcionario público ya fuera electo popularmente o por designación expresa debe ser imprescindible contar con la características de ser valiente y aguerrido, es decir que ante situaciones difíciles o que conlleven riesgo, el funcionario público además de digno y responsable debe tener mucha entereza para no acobardarse, tomando las decisiones necesarias sin temor alguno a encarar las consecuencias, mientras sus decisiones sean tomadas con estricto apego a la ética y al derecho. Si lo anterior no se vuelve una conducta generalizada para los funcionarios encargados de tomar las decisiones, creo que va a ser imposible lograr un cambio radical al sistema en que actualmente vivimos.
Ejemplo de lo anterior es la falta de recursos que el Estado ha venido padeciendo. El manejo de las finanzas no es materia politiquera como para seguir hablando de las tan mentadas reformas fiscales, sino de enfrentar los problemas que actualmente se padecen. Un claro ejemplo de lo anterior es el contrabando, tantas veces mencionado en esta misma columna. Mucho se dice, mucho se promete y mucho se menciona, pero con solo salir a las calles durante las pasadas fiestas navideñas y de fin de año fue fácil apreciar sinnúmero de mercadería a bajos precios, al haber sido introducida al país sin cubrir los debidos derechos aduanales y en otros casos sin pagar un solo centavo.
Dicha situación no es de ahora, lo mismo han expresado miles de veces los superintendentes encargados de lograr los ingresos tributarios, pues cada año muchos son los millardos de quetzales que dejan de percibirse, ya que la corrupción y la impunidad sobre esta materia es tremendamente profunda y arraigada en la administración pública, para lo cual muchísimos elementos de la llamada iniciativa privada han sido copartícipes y hasta motivadores para que ello continúe en las mismas condiciones en que ha estado a lo largo de muchísimos años. Pero Dios guarde vaya la CICIG o el Ministerio Público a enfrentar esta lacra inveterada, que surgen no una sino cientos de peticiones para declarar non grato a quienes osaran mover siquiera un solo dedo para detener el contrabando.
Y si el asunto por la tenacidad de quienes gozan del privilegio de no conocer la cobardía para tomar valientemente la decisión de combatir el contrabando, pudiera hacer llegar sus casos al sector justicia de nuestro país, es cuando surgen las acusaciones de que se está poniendo en peligro la economía del país o que las autoridades constituidas están abusando de los poderes del Estado, metiendo a la cárcel a quienes “supuestamente” hayan hecho lo que tantos siguen haciendo.
