Juan José Narciso Chúa
La sociedad guatemalteca en general debe estar consciente que este año representa un punto de inflexión en la vida institucional del país, el cual puede significar apostar por la continuidad, aquella situación en donde los grupos conservadores pretenden mantener el estatus, tal como estaba antes de la movilización ciudadana de 2015, atizada por el trabajo valioso de la CICIG, apuntalado por el aporte impecable del MP, a cuales mi amigo Edgar Gutiérrez llama con propiedad los restauradores, quienes han medrado del Estado como un patrimonio particular; o bien, la cara contraria de ésta que implica la ruptura con dicha situación y que implica abrir una oportunidad para generar cambios profundos en materia política y jurídica, para que el futuro de nuestra sociedad sea efectivamente de un trabajo permanente volcado a reformar un conjunto de condiciones que hasta hoy ha sido para un beneficio particular de élites políticas y económicas.
Sin embargo, estas líneas orientadas a la ruptura o la reforma representan para los grupos conservadores una situación innegociable, la cual se sustenta en varias características particulares. La primera de ellas se refiere al propio Estado, como un espacio que ha sido sujeto de control y cooptación, que no sólo representa una arena en donde se conjugan intereses particularmente económicos, sino además constituye el espacio en el cual se generan beneficios, utilizando los fondos del Estado como patrimonio particular.
Una segunda característica es un control férreo de los poderes del Estado. Esto implica una supeditación a intereses particulares del trabajo del Ejecutivo; entre ellos, se permite su funcionamiento, se facilita su trabajo, pero bajo condiciones controladas; acá emergen condiciones innegociables como reformas tributarias profundas y serias, sino continuar con una estructura tributaria regresiva, con una carga tributaria mínima y una capacidad de redistribución paupérrima.
La tercera característica es aquella en donde se consigue controlar las relaciones económicas fundamentales; entre ellas, el mantener el mercado controlado, con lo cual se mantienen condiciones oligopólicas o monopólicas que continúan favoreciendo a élites tradicionales.
Una más, también incluye en este espacio, intervención y control del Organismo Legislativo. Esto sobre la base de partidos, bancadas, juntas directivas y diputados que hacen el juego de operadores políticos de las élites económicas y políticas, evitando que se aprueben leyes que representen peligro de reformas de mediano y largo alcance; o aprobando en forma precipitada, legislación adecuada a las necesidades de grupos elitarios o empresas. Dentro de este grupo existen ejemplos descarados y recientes como la defenestrada y bien llamada Ley Tigo; el empantanamiento y enfoque reduccionista por no decir simplista de la iniciativa de ley de Competencia; el intento de los salarios mínimos diferenciados y más cercanas las denominadas leyes de la impunidad, promulgadas en septiembre pasado.
En este grupo también caben aquellos intentos por promover una nueva iniciativa de amnistía para evitar que se juzguen a militares seriamente implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos durante el período de la guerra interna; las cuales son analógicas a las pretendidas legislaciones que buscan la conmuta de delitos de funcionarios vinculados a la corrupción y la impunidad, principalmente, pero no únicamente, los vinculados a la gestión del Partido Patriota.
En materia judicial también buscan mantener el control, en primer lugar, de las Comisiones de Postulación y así asegurar que las personas que asuman el sistema de justicia, no representen peligro para las élites económicas y políticas, sino al contrario sean dóciles con ellos, pero duros con aquellos que no sean parte de estos grupos.
El momento es crucial. La necesidad de mantener la atención ciudadana es imperiosa. Poco a poco se han ido rompiendo algunos eslabones de la cadena de la impunidad y la corrupción, no se puede dar marcha atrás, es imprescindible que la actual legislatura, pueda enfrentar con dignidad la presión de los grupos restauradores y por esta vez muestre su cara ciudadana de cara a una sociedad que sigue esperando por reformas profundas. En esta coyuntura, es imprescindible ver hacia adelante, apuntar a la reforma y decir no a los conservadores/restauradores.
