Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
En la actualidad no se cuenta con metodología científica comprobada para pronosticar sismos, el monitoreo de las actividades es lo que se realiza a nivel mundial, y para Guatemala existe un mapa de amenazas. El 2018 presenta varios eventos de elección y selección de cargos públicos que como ciudadanos responsables debemos monitorear objetivamente porque amenazan maliciosamente con mover por enésima vez los destinos de nuestro país.
Iniciando con la elección de Junta Directiva del Congreso de la República, donde los cabildeos entre diputados están en su pico, y la desconfianza en esta legislatura que ha incumplido con representar los intereses de la población votante y ha desfigurado nuestro sistema republicano o lo ha permitido; por lo que convendría una conformación lo más equilibrada posible y que muestre buena voluntad para lograr los consensos necesarios y así cumplir con su función legislativa; además, mejorar la reputación institucional, iniciando con la responsabilidad en este año de elegir a un Contralor General de Cuentas que sea un verdadero técnico que revise y fiscalice con independencia el correcto empleo y destino de los fondos públicos.
El Directorio de la SAT tendrá la obligación legal de nombrar a un nuevo Superintendente dejando constancia fundada y documentada de tal actuación, ya que constituye información pública de oficio. Dicho nombramiento si bien será por cinco años, no es inmovible ni absoluto como ocurre con todos los cargos públicos que están sujetos a las consideraciones de ley, y en el caso del designado, este puede ser removido por cualquiera de las causales siguientes: actos contrarios a la ley, a los intereses de la SAT y del Estado en general; condena firme; incapacidad física o mental; insolvencia o quiebra; postulación a elección popular; negligencia, exceso o defecto de sus funciones legales; incumplimiento de lo convenido previamente como meta de recaudación y como metas de desempeño. Dada la importancia del objeto y las funciones de la SAT, como proveedora de recursos financieros que necesita en demasía el Estado para cumplir sus obligaciones, es indispensable para esta designación que la autoridad de muestras de responsabilidad y objetividad, privilegiando en esta ocasión la real capacidad, conocimiento y experiencia sobradamente acreditada en el ámbito tributario y aduanero; además, de las otras calidades legales, para que el escogido se concentre con profesionalismo y madurez al cargo de administrar y representar a la SAT, cumpliendo con todas sus competencias legales.
La elección de Fiscal General de la República, quien asumiría la jefatura de la institución que tiene que ser la auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con el fin de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la acción penal pública. En virtud que la función es más cercana a la materia penal, el Presidente de la República en su designación debe de privilegiar a un verdadero experto de las ciencias penales que tenga la formación académica y científica necesaria para contagiar a la institución y haga de la garantía de autonomía, legalidad y objetividad su estandarte.
