Juan Antonio Mazariegos G.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió esta semana que el Estado de Guatemala deberá reembolsar a la entidad APM Terminals, la inversión que esta realizó al adquirir y posteriormente poner en funcionamiento las instalaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ubicadas en el océano Pacífico, luego de que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declarara nulo el contrato de usufructo oneroso por medio del cual se obtuvieron los terrenos propiedad de la Portuaria Quetzal para el referido desarrollo.
Si bien es cierto, la sentencia en cuestión aún no se encuentra firme y pasarán varios meses o años antes de que eso suceda, lo manifestado por la PGN empieza a poner números a los distintos rubros que pagaremos todos los guatemaltecos y que suman los verdaderos costos que la corrupción cobra al País por darnos el lujo de tener este tipo de tratos.
De conformidad con distintas noticias de prensa, se estima que se distribuyeron hasta 24 millones de dólares en mordidas o coimas por parte de personeros de la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona para obtener el beneplácito del Gobierno de Guatemala y lograr esta negociación, de donde cabe suponer que estos 24 millones de dólares no fueron una donación a la cuenta de los funcionarios que los recibieron, si no un costo que debía de ser recuperado por los inversionistas de la empresa española, por supuesto obteniendo esa retribución con base a rebajar el monto a pagar al Estado por el usufructo o bien a través de obtener ventajas en base a esa “inversión” que garantizaran que su oferta sería la mejor en calidad o precio, a ojo de nuestros funcionarios, sin importar que en el proceso quedaran tiradas mejores oportunidades para el Estado de Guatemala, impulsadas por otros competidores que simplemente no quisieron o no le llegaron al precio a nuestras autoridades.
Si finalmente el recurso de casación que ha presentado la actual propietaria de TCQ no fructifica, el Gobierno recibirá la tierra y las instalaciones de la terminal a cambio de pagar alrededor de 180 millones de dólares, según estimaciones de la PGN y deberá de poner en funcionamiento la misma sin contar con el equipo humano disponible y con el enorme riesgo para el País de que sea mal operada la terminal por el Estado.
Para nuestro comercio, años de espera por una terminal moderna y competitiva; mejores oportunidades tiradas a la basura por culpa de privilegiar a quienes pagaron mordidas; el costo de pagar por una terminal que difícilmente podamos rentabilizar; fondos del Estado comprometidos en pagos no presupuestados, existiendo tantas otras necesidades; realmente la corrupción no solo tiene mil caras, si no también mil rubros distintos que incrementan su costo para todos, mucho más allá de lo que creemos.
