Ayer el Presidente de los Estados Unidos definió las líneas de su política exterior y, cosa extraña de acuerdo a tantos precedentes, el llamado Triángulo Norte de Centroamérica tuvo una mención especial. Generalmente nuestros países no están en la perspectiva más directa de los que definen la política exterior norteamericana, pero en esta ocasión Trump hizo mención específicamente de Guatemala, Honduras y El Salvador asegurando que nuestra estabilidad está seriamente amenazada por el crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico que perpetúan la violencia y la corrupción, lo cual afecta los intereses de la seguridad de Estados Unidos.
Resulta, pues, que la lucha contra la corrupción, vicio que impide atacar con eficiencia al crimen organizado porque el mismo se mueve muy fácilmente cuando los gobiernos están carcomidos por la corrupción, preocupa a Estados Unidos y de esa cuenta no hay esperanza, como algunos creían, de que la llegada de Trump iba a traducirse en un cambio de política para dejar de apoyar los esfuerzos por la transparencia y la aplicación de la ley.
Los operadores de justicia, mismos que quedan en la picota expuestos con las palabras de Trump porque son quienes aseguran impunidad a los miembros del crimen organizado, tanto de cuello blanco como pandilleros, tendrían que entender que hay toda una política multinacional orientada a implementar el imperio de la ley y el verdadero Estado de Derecho, terminando con la cooptación que del Estado han hecho quienes se nutren con los frutos de la corrupción.
En estos momentos, cuando Guatemala enfrenta el proceso para elegir al nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, es importante que se entienda que no será bien vista en Estados Unidos y el resto de nuestros países amigos una maniobra para debilitar esa institución poniendo al frente de ella a personas que tienen marcados vínculos con la corrupción, sea porque han sido parte del Pacto de Corruptos o porque ese pacto sea el que los promueva para que a falta de colaboración se encarguen de acabar con el esfuerzo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La corrupción debilita a los Estados y hace imposible la gobernabilidad, sobre todo cuando alcanza niveles como los que hay en Guatemala donde no se mueve un rubro del Presupuesto si no es para favorecer a alguien que desde la campaña o después, sobornó a los políticos para hacer negocios. Y sin gobernabilidad ni Estado de Derecho, imposible asegurar que nuestro territorio no será utilizado por terroristas o grupos criminales de la más diversa naturaleza.
