Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Les indicamos a Luis Flores y a su abogado asesor Mayora Alvarado que el 40% de las acciones restantes de la empresa que se privatizara debería de venderse en cuatro partes. Un 10% de las acciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como parte de las inversiones del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y/o pago de la deuda del Estado al IGSS.
El segundo 10% de las acciones, debía de entregarse a los trabajadores del sector público, como pago de su pasivo laboral y así reducir parte de los trabajadores de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin tener que erogar mayor cantidad en efectivo, con la condición que dichas acciones no las podían revender durante cinco años, lo que les permitiría comprender el beneficio de ser accionistas de las empresas privatizadas.
El tercer 10% planteamos se le vendiera de forma fraccionada a los usuarios del servicio que prestaba la empresa privatizada, logrando que recibieran un beneficio a través de los dividendos que compensara cualquier aumento que el comprador mayoritario de la empresa le aplicara al servicio que le vendía.
El cuarto 10% se vendiese en subastas públicas a pequeños inversionistas, con el mismo precio base que se le hubiese vendido como valor de cada acción al comprador mayoritario de las acciones de la empresa vendida y privatizada.
Luis manifestó que estudiarían nuestra propuesta, sin embargo, nunca recibimos respuesta o comentario alguno, ni de él ni del abogado Eduardo Mayora Alvarado, que era el asesor del PAN en la privatización.
Si la metodología de privatización vía capitalismo popular se hubiera adoptado, el FRG, Alfonso y yo no hubiésemos criticado en la campaña electoral siguiente al gobierno de Álvaro Arzú.
Más importante aún, la distribución de la riqueza que se hubiera logrado habría sido enormemente mayor y se habría logrado que tanto los pensionados del IGSS, los exempleados del sector público, como los usuarios y pequeños empresarios, fueran hoy menos pobres o más ricos y con ello la clase media en Guatemala, como lo es en Chile, sería más grande y, menor la extrema pobreza que existe en el país.
En el análisis, crítica y aclaración, encontramos que Álvaro Arzú, en la página 278 de su libro, explica que fue informado que en la oferta de venta de Guatel solo se presentó un oferente: “Luca, S.A., de un tal Ricardo Bueso. ¿Pero cómo va a ser eso?, pregunté sorprendido”.
Yo me permito preguntar, ¿será que Álvaro se sorprendió o será que no sabía que el pastel estaba cocinado?, que Luca, S.A. y Ricardo Bueso eran solo una pantalla y que en menos de 60 días él le revendió la compañía de teléfonos por mucho, mucho más dinero al multimillonario Carlos Slim y que varios de los implicados en la venta pasaron a mejor vida, ejemplo Alfredo Guzmán, que antes de vender Guatel salía diciendo que no debíamos de preocuparnos que la cuota telefónica se incrementara de Q4.00 a Q44.00 al mes.
Además, no dijo que quienes habían comprado líneas telefónicas a un precio promedio de $10 mil perderían su propiedad, por cuanto nunca se les entregó un título de propiedad de cada una de las líneas que existían previo a la venta de Guatel.
Las preguntas que he planteado evidencian lo negativo de haber vendido o privatizado, como lo decidió el PAN.
¡Guatemala es primero!
Continuará…
