Juan Francisco Reyes López
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A la pregunta sobre la privatización de las empresas del Estado, Álvaro Arzú, en la página 275, dice: “Quien siempre se opuso a la privatización de las comunicaciones fue Gustavo Porras, porque veía un peligro político enorme. Así que ahí sí intervinimos nosotros un poco más, y el vice Guicho Flores, y los del Club de Paris, que insistieron y me hicieron todo tipo de planteamientos sobre las bondades de la idea. Los dos lados tenían razón, la privatización representaba un gran riesgo político, pero también prometía un gran beneficio para la población, así que optamos por lo segundo”.
“Pero, aunque se me tilde de privatizador, esa no fue nunca la idea. Mi intención fue convocar al sector privado internacional para que vinieran a invertir en Guatemala. Lo que buscábamos era atraer inversión extranjera, porque cada vez que abordábamos inversionistas nos decían: “Pero, ¿Cómo vamos a invertir en un país donde no hay teléfonos?” Le preguntamos al gerente de una empresa de textiles cuál era su principal problema en términos de competitividad: “Hace diez años le pagué a Guatel un teléfono para que lo pusieran en la planta de estampado que queda en Villa Nueva, y aun no lo han puesto, de manera que cada vez tengo que llamar vía los Estados Unidos, como larga distancia, para comunicarme con Villa Nueva”. Y entonces quién iba a venir a invertir a Guatemala bajo tales condiciones. Apenas, el cuatro por ciento de la población tenía teléfono. Entonces les decíamos a los inversionistas, espérense un momento, ahorita regreso, y privatizamos la telefonía. Fue así como sucedió el desarrollo de las comunicaciones”.
En mi opinión si algo tiene la mayor importancia dejar claro es la denominada privatización de las empresas del Estado, que realizara Álvaro Arzú y su gobierno.
La aclaración tiene varios aspectos: Luis Flores Asturias, como Vicepresidente de la República, solicitó que se concertara una reunión con el FRG para conversar, analizar y discutir la privatización. Acordada la misma, asistió acompañado del abogado Eduardo Mayora Alvarado, quien fue el abogado que se benefició como notario de forma millonaria en los contratos que implicó la venta de las empresas del Estado.
En esta reunión le manifestamos que como principal partido de oposición no nos oponíamos a la privatización, siempre y cuando la misma fuera realizada bajo el concepto de “capitalismo popular” (denominación que se había acuñado en Chile cuando el Gobierno de las fuerzas armadas, que presidió Augusto Pinochet, privatizó las numerosas empresas del sector público que ese país vendió).
Luis Flores pidió que se le explicara cuál era ese sistema, le indicamos que toda empresa que se privatizara debía de venderse el 60% de las acciones como máximo en subasta pública a un inversionista principal, fuese este nacional o extranjero, lo que le permitiría a ese principal accionista dirigir y diseñar el desarrollo y operación de la empresa, condiciones que por supuesto debían quedar establecidas en el contrato de venta.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
