Adolfo Mazariegos
He escrito ya en un par de ocasiones (en este mismo espacio) acerca de los guatemaltecos que viven en el extranjero, particularmente quienes residen en Estados Unidos y la importantísima contribución que realizan a la economía del país con el envío de las llamadas ‘remesas familiares’. No obstante, quiero referirme al tema nuevamente, en virtud de la cercanía con el fin de año y de las cifras que el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala ha publicado con respecto al ingreso de divisas por remesas familiares durante este 2017 que está por finalizar. De acuerdo a dichas estadísticas, hasta el pasado mes de noviembre la sumatoria daba un total cercano a los siete mil quinientos millones de dólares (US$7,500,000.0), cifra que supera por mucho, inclusive, las exportaciones de productos tradicionales como el azúcar, el café, el banano y el cardamomo (según estadísticas de Agexport hasta septiembre de 2017). Estos datos, indiscutiblemente, reflejan una realidad que a pesar de lo trascendental que resulta para un país como Guatemala, ha sido subestimada e ignorada reiteradamente. Los guatemaltecos que viven en el extranjero y sostienen sus hogares en Guatemala mediante el envío de remesas, no sólo sostienen a las familias que aquí han dejado, sino que también sostienen una parte importante de la economía del Estado, que se vería en serios aprietos, de no contar anualmente con dichos recursos provenientes del esfuerzo y trabajo de gente que en muchos casos ha arriesgado su propia vida y su patrimonio para perseguir un sueño que les permita tener una mejor calidad de vida, como ha venido sucediendo, y no precisamente porque quieran irse. Por ello, no deja de llamar la atención la poca seriedad y voluntad política con que son tratados algunos temas relacionados directamente con los migrantes (inmigrantes, una vez que se han radicado en otro sitio fuera del país). La elección y nombramiento del Secretario de Conamigua es un claro ejemplo de ello; instancia que ha pasado meses inoperante y que, a decir de ciudadanos guatemaltecos en Estados Unidos, no ha respondido realmente a los fines y funciones para los que supuestamente fue creada. El voto en el extranjero es otro ejemplo, aunque en este caso existen otros temas conexos que -por supuesto- hay que considerar previamente, pero que bueno sería no dejar en el olvido ni echar en saco roto en virtud de la trascendencia e importancia que revisten. La búsqueda de mecanismos reales, así como la creación e implementación de programas y políticas específicas en favor de ese segmento de guatemaltecos que podría superar los dos millones de personas en el extranjero (cifras extra-oficiales), no sólo resulta imperante, sino que también es un compromiso y una obligación por parte del Estado para con aquéllos que, quizá, sin ser conscientes plenamente de ello, tanto ayudan a sostener a este país del que un día tuvieron que marcharse, y al que solamente ellos saben, si aún desean regresar.
