Marco Tulio Trejo Paiz
La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Telgua) telefónica dizque de Guatemala, pero que realmente pertenece a México, suspende el servicio que presta al público sin decir agua va…
De manera que perjudica a los titulares del derecho la comunicación de los aparatos que son utilizados para hacer y recibir llamadas.
La compañía transnacional azteca, según se sabe, se está cobrando el trabajo de las instalaciones del servicio que presta a unas millonadas de guatemaltecos que utilizan los mencionados aparatos.
Lo malo es que Telgua no avisa con alguna anticipación los cortes de su servicio a los usuarios que pagan con creces el servicio, sobre todo cuando hay excesos de uso.
Deberían los paisanos de tío bigotes Pancho Villa informar oportunamente a los usuarios acerca del corte del servicio para evitar el daño que se causa a quienes han contratado el medio de comunicación para no provocarles perjuicios.
Empero, las mexicanadas son cometidas en cualquier momento como es sabido por la generalidad.
Las personas que emplean ese medio de comunicación pueden olvidarse de hacer el pago del servicio en la fecha establecida, lo cual se evitaría con un simple aviso para que dentro de unos cinco días, por ejemplo, se cubra lo que debe pagarse. Es cuestión de moderar los cortes del servicio de referencia.
Las mexicanadas son repudiables como los pagos extemporáneos de quienes tienen la obligación de cubrir puntualmente lo contratado con Guatel.
Es deseable que la deuda que pueda seguir teniendo el negocio aludido se haga efectiva para que los usuarios no sean afectados por los cortes del servicio como se está procediendo alagartadamente, ya que son lesivos e inconvenientes en domicilios, en oficinas oficiales y privadas, así como en las empresas comerciales, agrícolas, industriales y de otra índole.
Juan pueblo, que es un indigente proletario, repudia las mexicanadas que se cometen impunemente y opina que las autoridades respectivas procedan a poner coto sin demora ni pretextos a los actos reñidos con la ley que condena los hechos que se vienen cometiendo contra los guatemaltecos.
