Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo resolvió la nulidad del contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) porque como se ha venido diciendo en el pasado, el usufructo sirvió para ocultar una concesión y sobornaron a Otto Pérez Molina y a Allan Marroquín para lograr el usufructo, porque de haber sido una concesión (que era el camino correcto como originalmente pidió Terminal de Contenedores de Barcelona, en ese entonces casa matriz de TCQ), debieron haber obtenido la aprobación del Congreso.
En sencillas palabras, una de las principales razones del soborno fue para que se inventara el uso de la figura del usufructo, además de que el puerto les fue entregado en condiciones leoninas para el Estado de Guatemala, mismas que tuvieron que ir modificando con el tiempo para taparle el ojo al macho.
Y ahora que se conoce de la resolución de la sala, voces del sector empresarial organizado vuelven a insistir que se afecta la certeza jurídica, pero ¿cómo puede hablarse de certeza jurídica si la figura del usufructo vino del pago de un soborno? ¿Cómo puede hablarse de certeza jurídica si el mismo TCB pidió al inicio una concesión, pero lograron un cambio de figura porque ellos mismos pagaron el soborno?
¿Cómo puede haber certeza jurídica para un tercer adquirente que tras haber hecho su “auditoría” hizo revisiones a fondo y no se dio cuenta de que la figura no estaba contemplada en ley? Si APM debe demandar a alguien es a Ángel Pérez Maura y nada más.
Si queremos hablar de certeza jurídica y competitividad, es mejor que elevemos con fuerza las voces para denunciar las redes de corrupción de los puertos y las aduanas, pues eso sí que afecta la certeza jurídica (porque aunque uno cumpla requisitos, igual le piden mordida) y la competitividad (porque los tiempos desde que entra una mercadería hasta que sale del puerto y aduanas son ridículos), pero usar esos argumentos para echarle el muerto a los juzgados que buscan que se cumpla la ley no es apropiado, pues los juzgados no están para tener visión de país sino para hacer cumplir la ley.
Siempre he dicho que este caso podría asemejarse a uno de invasiones en el que los invasores alegaran certeza jurídica y competitividad arguyendo que le hicieron una inversión millonaria al inmueble y que eso ha generado competitividad en el sector, queriendo con eso obviar la ilegalidad de cómo fue adquirida la propiedad y tratando además de legalizar el hecho de que alguien se haga de una propiedad sin tener título alguno.
Los guatemaltecos debemos empezar ya a debatir sobre el cumplimiento de la ley, porque parece que no hay un entendimiento de que lo que es en realidad la certeza jurídica y cuando alguien logra “derechos” por medios espurios, no se puede pretender certeza jurídica. Muchas personas que están a favor de que el puerto opere con el mecanismo pactado por soborno, están en contra de los arreglos que Joviel Acevedo logra en contra de los intereses del Estado y que obtiene sin cumplir la ley gracias a pactos políticos que no tienen sustento en la ley. ¿Entonces? Ambos atentan contra lo que debe ser.
Las ya más o menos nuevas generaciones que estamos teniendo espacios en las discusiones nacionales, debemos tener la capacidad para discernir que el país no tiene futuro si seguimos haciendo y diciendo lo mismo desde 1985. Entiendo que hay esferas en las que la vieja guardia no suelta las riendas, pero los “jóvenes” debemos recordar que el compromiso es con nuestras familias y nuestro país y que en ocasiones, disentir de las tradicionales posturas es sano y sobre todo respetable.
