Nuestro Código Penal tipifica en su artículo 462 el delito de Prevaricato diciendo que lo comete el Juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, motivo por el cual el Ministerio Público y la CICIG plantaron una acción de antejuicio contra el juez Mynor Moto a fin de poderle iniciar proceso por la comisión específica de ese delito en varios procesos en los que ha beneficiado a sindicados de casos de corrupción. Sin embargo, ayer el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó “in limine” la solicitud, enviando el expediente al Consejo de la Carrera Judicial convirtiendo el delito en un problema administrativo.
En otras palabras, con la decisión de la Corte se está de hecho aboliendo el delito de Prevaricato porque cuando un juez, a sabiendas, dicte resoluciones contrarias a la ley será simplemente objeto de un proceso administrativo, pero no de un proceso penal como ordena el Código. Se trata, pues, de otro de los fallos aberrantes que caracterizan a nuestro sistema de justicia y nuevamente vemos cómo se concreta la impunidad pactada desde que las comisiones de postulación elaboraron los listados de los magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer la comunidad internacional con embajadas en Guatemala reconocía los esfuerzos del “Estado de Guatemala” en la lucha contra la corrupción, haciendo énfasis en el trabajo de la CICIG y el MP. El mismo día la máxima autoridad judicial del país demostró que no tienen ningún compromiso y que no hacen absolutamente nada para combatir la corrupción y que, al contrario, son el parapeto de la impunidad en el país.
Si no fuera por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el Estado de Guatemala no hubiera merecido ninguna felicitación de la comunidad internacional. El gobierno torpedea el trabajo del MP y la CICIG, el Congreso emite leyes pro impunidad para proteger a los corruptos y la Corte Suprema de Justicia decide que el Prevaricato deja de ser delito para convertirse en un asunto administrativo. ¿Dónde queda, pues, el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción?
Hemos venido insistiendo que será en los tribunales donde los corruptos serán protegidos y arropados. Ya vimos que los diputados de las plazas fantasma empiezan a volver a su casa como prueba para medir la tolerancia de la gente y no tarda en llegar el día en que Baldetti y compañía hagan lo propio y, como TCQ, demanden al Estado de Guatemala por daños y perjuicios.
