Luis Enrique Pérez
Opino que la finalidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe ser una mayor aproximación a la libertad electoral de los ciudadanos. Esta finalidad brinda un criterio para discernir entre una reforma idónea y una reforma no idónea de la ley. Es idónea una reforma que incrementa la libertad electoral, y no es idónea aquella que reduce esa libertad.
Inmediatamente se deduce que la finalidad de reformar la ley no debe ser un mayor beneficio de los partidos políticos, sino que estos partidos deben estar sometidos a la suprema finalidad de una mayor libertad electoral de los ciudadanos. Los miembros dirigentes de los partidos políticos tienen o pueden tener interés en lo opuesto: una menor libertad electoral de los ciudadanos; pero idealmente tal interés no debe ser también interés del legislador que reforma la ley.
Precisamente un problema que puede dificultar y hasta impedir una reforma idónea de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, consiste en que los legisladores, es decir, los diputados, que pertenecen a un partido político, y hasta son miembros dirigentes de tal partido, probablemente tienen interés en procurar un mayor beneficio político y económico de su partido, porque ese mayor beneficio partidario es también mayor beneficio personal para ellos mismos. Hasta podríamos afirmar que una mayor libertad electoral atenta contra el beneficio de los partidos y de los diputados que pertenecen a ellos.
Y si esos diputados constituyen una mayoría con poder para aprobar la reforma de la ley, entonces es improbable que el producto de la reforma dote de mayor libertad electoral a los ciudadanos, y es probable que tal producto sea un mayor beneficio político y económico de los partidos políticos. Ese beneficio puede consistir en ratificar el derecho exclusivo de los partidos políticos para proponer candidatos a la Presidencia de la República, o a diputaciones; o en obligar a los ciudadanos a elegir grupos indivisibles de diputados, y prohibir la elección de diputados individualmente; o en garantizar que los ciudadanos no podrán destituir a quienes desempeñen funciones públicas adjudicadas mediante el voto; o en aumentar la cantidad de dinero que, mediante impuestos, pagan los ciudadanos para financiar a los partidos políticos; o en lucrar con el ejercicio del poder legislativo del Estado.
Esos diputados, por supuesto, pueden incluir, en la reforma, alguna parte que satisfaga a determinados ciudadanos; pero si y solo si esa parte de la reforma no reduce los beneficios que obtendrán de una reforma electoral, o no impide incrementarlos. Por ejemplo, pueden reformar la ley para imponer, en un proceso electoral, una proporción de candidatos hombres y una proporción de candidatos mujeres a diputaciones, o una proporción de candidatos llamados “ladinos” y una proporción de candidatos llamados “indígenas”; y es predecible que se apresurarían a aprovecharse de tal imposición.
Empero, improbablemente reformarían la ley para reducir extraordinariamente el número de diputados. No reformarían la ley para tal reducción, porque los partidos se benefician de las diputaciones. O improbablemente la reformarían para otorgarle a un grupo de ciudadanos que no constituyan un partido político, el derecho de proponer un candidato a la Presidencia de la República, o de proponer candidatos a diputaciones. No reformarían la ley para otorgar ese derecho, porque estarían expuestos a una peligrosa competencia, propicia para reducir sus oportunidades de beneficiarse.
Surge una inquietante paradoja: aquellos a quienes legalmente compete reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que los ciudadanos tengan una mayor libertad electoral, son aquellos que no tendrían que reformarla, porque su interés es un mayor beneficio para sus propios partidos políticos, y para ellos mismos. Es una paradoja que tiene que ser resuelta, aunque es impredecible el modo de resolverla.
Post scriptum. No hay indicios de que la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos, que aprueben los diputados, contribuirá, mediante una mayor libertad electoral de los ciudadanos, a perfeccionar el régimen democrático de nuestro país.
