Edith González
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.
Francisco de Quevedo (1580-1645).
Escritor español
Tres sucesos marcaron en los últimos doce días la situación que se vive en las comunidades guatemaltecas en cuanto a la aplicación de la ley por mano propia, pero que igualmente demuestran la falta de interés del Estado por actuar bajo el apego de la justicia legalmente establecida.
En Zacapa recién ayer se produjo un nuevo linchamiento cuando cansados los vecinos de Cabañas, en ese oriental departamento, sacaron de la estación policial local a un hombre acusado de dar muerte a un joven tendero en esa jurisdicción. Luego de ello, le pegaron fuego a plena luz del día en una calle y posteriormente difundieron en las redes sociales las dantescas escenas del hombre, boca arriba, ardiendo, hasta que le llegó la muerte, unos 30 minutos más tarde.
El desconocido, según vecinos, le disparó a un hombre joven que atendía una tienda en aquella cabecera municipal y tras ser denunciado la Policía Nacional Civil lo capturó y trasladó a la pequeña estación policial, de donde minutos después fue “sacado violentamente” por la turba que al final le dio muerte tras rociarlo con gasolina y prenderle fuego.
El pasado 23 de noviembre, en Sololá, autoridades indígenas luego de una reunión en su alcaldía, realizaron varias movilizaciones para supuestamente localizar a once elementos de la PNC, posiblemente involucrados en un grupo de extorsionistas que exigían a algunos vecinos desde Q3 mil hasta Q50 mil para no hacerles daño.
Fue “capturado” el subcomisario Hedilberto García López, y “sancionado con veinte azotes”, aplicado por quienes dicen ser autoridades mayas. La policía respalda al agente agredido señalando que hubo una confusión de nombres y apellidos, con un delincuente que ya estaba capturado.
Cinco días después, en el mismo departamento, otro supuesto delincuente fue azotado, con “la ley maya”.
El supuesto delincuente de Cabañas, Zacapa, fue pasado por la “justicia popular”. Los dos casos de Sololá se les aplicó la “justicia maya”.
El caso del oficial de la policía tiene a otros artistas. Uno de los agresores, porque eso es, resulta ser un empleado de Derechos Humanos, con un salario mensual de más de 5 mil quetzales mensuales.
Sorprendido en flagrancia, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, se lavó la cara destituyéndolo. ¿Como si no fuera su responsabilidad tener contratado a un salvaje que no sabe de humanidad y, además, pagándole el dinero del pueblo? ¿Por qué no procedió a denunciarlo ante el Ministerio Público? El laborante de Derechos Humanos está fotografiado y filmado en la comisión de un delito.
Pero… ¿qué está pasando? Simple. El Estado no tiene presencia en una enorme cantidad de situaciones que se dan diariamente y que luego se dejan en el abandono. Hasta cuándo se tendrá un país, con funcionarios responsables en la conducción de la administración pública.
Se me olvidaba, al repasar la historia no logramos encontrar que los mayas lincharan a la gente como lo hizo el delegado de Derechos Humanos en Sololá.
