Víctor Ferrigno F.
El domingo pasado, el pueblo hondureño dio una muestra de responsabilidad ciudadana, saliendo a votar masivamente en un proceso electoral pacífico, auditado por más de 500 observadores electorales. Esa fiesta cívica amenaza con convertirse en un enfrentamiento fratricida, debido a la injustificable negativa del Tribunal Supremo Electoral -TSE- a dar información, cuando todo apunta a que el candidato opositor Salvador Nasralla es el virtual ganador.
La opinión pública y los analistas políticos coinciden en que el TSE está controlado por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández -JOH-, quien se niega a reconocer el triunfo de Salvador Nasralla, un popular presentador televisivo, candidato de la Alianza contra la Dictadura, una coalición electoral que encabeza Manuel Zelaya, el expresidente que fue derrocado por los militares hace ocho años, con apoyo de EE. UU.
Desde el domingo por la noche, hasta el martes al mediodía, los datos publicados a cuentagotas por el TSE le daban un 5% de ventaja a Nasralla sobre JOH, por lo que el magistrado suplente del órgano electoral, Marco Lobo, declaró que la tendencia ganadora del candidato opositor era irreversible, rompiendo con más de cien años de bipartidismo, entre liberales y nacionalistas.
Igualmente, Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, tercero en la contienda, reconoció el triunfo de Salvador Nasralla. En contrapartida, sin esperar a los resultados del TSE, Jimmy Morales felicitó públicamente a JOH por su triunfo, aunque después tuvo que retractarse.
Sin embargo, el martes por la noche los datos cambiaron y la ventaja del candidato de la Alianza opositora se redujo a 1.67%, adjudicándose un 43.08% de los votos escrutados, contra un 41.41% del actual Presidente, tensando la situación.
La polémica por el lento flujo de datos electorales inició desde el lunes en la madrugada, al anunciar el TSE que, por fallas técnicas, se interrumpió el flujo electrónico de las actas de cada mesa, las cuales serían transportadas físicamente a Tegucigalpa por el ejército golpista, completándose el proceso hasta el miércoles por la noche, razón por la cual proclamarían al ganador hasta el jueves 30, al mediodía.
Este anómalo proceso ha dado pie a mucha desconfianza, y la oposición ha llamado a sus bases a salir a defender el voto, ante un inminente fraude del oficialismo.
En todo el país se vive una tensa situación pues, tras una inversión de U$11 millones para modernizar el sistema de cómputo y conteo, el TSE se comprometió a publicar el resultado del 70% de las mesas el mismo domingo por la noche.
La polémica jurídico-electoral se inició hace dos años, pues JOH tenía un impedimento constitucional para reelegirse. La Carta Magna de Honduras establece, en su artículo 239, que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente”, advirtiendo que quienes contravengan este postulado o proponga su reforma, “quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Sin embargo, en 2015 un grupo de diputados vinculados con JOH presentaron dos apelaciones contra la prohibición constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, quien las aceptó, y declaró “inaplicables” las prohibiciones, abriendo la posibilidad de reelegirse al actual mandatario, con una resolución jurídicamente insostenible.
Curiosa paradoja, pues Mel Zelaya fue derrocado con la excusa de que promovió una consulta ciudadana, sobre la posibilidad de una reforma constitucional.
Esperamos que el TSE respete la voluntad soberana del pueblo de Lempira, y la sangre no llegue al río. Honduras se lo merece.
