Creemos en el valor absoluto que tiene el régimen de propiedad privada en nuestro país y que todos tenemos que respetar los derechos reales existentes y que es deber del Estado garantizar la pacífica posesión de los bienes a sus propietarios. Sentada esa premisa, debemos agregar que lamentablemente en nuestro país ha habido un gran irrespeto al derecho de propiedad y que eso se manifiesta tanto con las invasiones como con los despojos que a lo largo de la historia se han repetido en infinidad de casos.
Tenemos un sistema legal en el que el derecho registral resulta clave para garantizar la propiedad, especialmente en el caso de los bienes inmuebles pero todos sabemos que no son extraños los casos en los que se violentan los derechos mediante operaciones registrales anómalas. Tanto ha llegado a ser el problema que el Registro de la Propiedad en tiempos recientes ha realizado campañas para que los propietarios inmovilicen sus bienes para evitar de esa forma que notarios inescrupulosos presenten documentaciones adulteradas para realizar groseros despojos.
Y a lo largo de la historia los derechos de propiedad han sido como la justicia, es decir muy selectivos y cuando hay poder de por medio se han concretado grandes despojos que perjudican a comunidades enteras. No disponemos de un sistema de justicia eficiente que preserve el derecho de propiedad ni, mucho menos, que castigue a quienes usurpan derechos que no les corresponden si se trata de gente que tiene los contactos adecuados y el dinero suficiente para asegurar a su favor la administración de justicia.
Sostenemos que la carencia de bienes y la condición de pobreza no puede ser un argumento que justifique invasiones, pero de la misma manera pensamos que tampoco la abundancia de dinero y de poder debe permitir que se despoje a otros de sus bienes. Y por ello es que cuando se habla del derecho de propiedad tienen que ser valores absolutos y es por ello tan necesario un modelo de justicia que rompa con los moldes históricos de privilegios para unos y desprecios para otros, tal y como lo hizo justamente una Sala de Apelaciones cuando resolvió, de acuerdo con la ponencia de la magistrada María Cristina Fernández, reconociendo derechos ancestrales que habían sido vulnerados.
Los problemas de miseria y pobreza tienen que ser atendidos pero no deben ser pretexto para otro tipo de despojos y es fundamental que el país tenga ese tipo de certeza jurídica sobre la base del verdadero respeto a los derechos adquiridos en buena lid.
