Gladys Monterroso
Personalmente, creo que la idea de una autoridad personal interna resulta inquietante para las personas habituadas a recibir órdenes, y sin duda también para quienes suelen dar esas órdenes.” Gloria Steinem
La denuncia presentada por la exviceministra del MAGA, relacionada a una supuesta compra que no quiso firmar por inexistente, misma en la que se pretendía defraudar al Estado por 200 millones de quetzales, sorpresivamente no es la primera que se conoce en ese Ministerio, que hoy queriendo desacreditarla la acusan de omisión de denuncia, cuando ellos mismos saben las malas prácticas que vienen realizando, desde que se encuentra en funciones el presente gobierno.
Desafortunadamente para el país, no se trata de un caso aislado, el mencionado anteriormente, tampoco el primero, ya que existen muchos casos por los cuales han sido destituidos varios exfuncionarios por negarse a verter opinión favorable, en actos irregulares o ilegales, así como a participar de manera directa en muchas anomalías.
Entre otros, podemos mencionar el publicado en PL, el día 3 de junio de 2017, en relación a un evento que favorecía al hijo del mal recordado Marco Tulio Abadío, cuyo valor era nada más y nada menos que por la bicoca de Q4.1 millones de quetzales, al evidenciarse varias anomalías, y un indiscutible favoritismo, la funcionaria, y parte de la Junta de Licitación, Isolda del Carmen Flores Pardo, se negó a adjudicar el evento, y razonó su voto, por lo cual fue destituida.
Infaustamente para la sociedad, el caso de la exviceministra Rosa Pacheco, de reciente conocimiento, no es ni el primero ni el único en esa Institución, además de los anteriores, personalmente tuve conocimiento hace unos meses de varios casos en los que se obligaba a los trabajadores a firmar eventos de licitación, sin que llenaran los mínimos requisitos legales, los funcionarios, al oponerse eran inmediatamente despedidos, y se les ejecutaba seguidamente la fianza, de todos los casos solamente una valiente abogada presentó la demanda laboral, y la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, en el área laboral ganó la demanda en primera instancia, ordenándose por parte del tribunal su reinstalación, pero la Institución apeló la sentencia, y el proceso continúa, cabe mencionar que actualmente suman más de veinte las ordenes de reinstalación de empleados públicos que han sido despedidos por negarse a cumplir órdenes ilegales, en la mencionada Institución.
Mientras tanto la abogada aludida, como sus demás excompañeros, siguen esperando ¿Justicia? Laboral. En el área penal, como a muchos de sus compañeros, se le amenazó con presentar demanda ante el MP, como lo hicieron con ella, por el delito de incumplimiento de funciones, todos infundados, ya que los mismos surgen de no acatar órdenes ilegales, garantizadas en la misma Constitución.
Sin embargo en estos casos, el respetar la Carta Magna trae como consecuencias inmediatas quedarse sin empleo y ser denunciados por incumplimiento de deberes, pero ¿Se deben acatar órdenes constitutivas de delito? No, sin embargo esa es la forma en que opera la corrupción en el citado Ministerio.
Si el funcionario de que se trate no acata la orden ilegal, inmediatamente se le destituye con conocimiento del Ministro, ya que él firma las destituciones, e inmediatamente se le inicia proceso penal que, aunque el mismo sea desestimado, queda en el sistema que existió la posible comisión de un delito.
La mayoría de los casos en el MAGA se inician dos años después de encontrarse en funciones la presente administración.
La brasa caliente se encuentra actualmente en el MP, para que de un manera eficiente y trasparente, aunque no traiga réditos mediáticos a la Institución, continúe con la investigación de denuncias planteadas en contra de los funcionarios del MAGA, por el abuso que han cometido al olvidar que ellos solo son depositarios de la ley y jamás superior a ella.
Sin embargo, parece que las autoridades del MAGA han olvidado el juramento que hicieron ante la bandera, y ante la sociedad.
Asimismo, los Juzgados de Trabajo, que conocen de las innumerables reinstalaciones de personas que han sido destituidas por no plegarse a las directrices del actual Ministro, y que, desafortunadamente por temor a represalias no se animan a denunciar ante el MP las órdenes ilegales que han recibido, y que por no cumplirlas han sido denunciados, y despedidos. Esperan del sistema lo mínimo: Reivindicación.
