Ayer se produjeron varios allanamientos dispuestos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, para recabar información en las instalaciones de la empresa de telefonía Tigo y las autoridades indicaron que no hay órdenes de captura y que están revisando documentos en un caso que ha sido declarado bajo reserva. Es natural que en estas instancias de los procesos no se aporten datos, sobre todo cuando lo que está haciendo el ente pesquisidor es precisamente obtener las informaciones que estima necesarias para la realización de su trabajo y en consecuencia no es prudente adelantar especulaciones.
Lo que se sabe, porque así fue explicado por la Fiscal General al referirse a los allanamientos, es que la investigación se deriva de las declaraciones que proporcionó el colaborador eficaz Julio Carlos Porras Zadik en el Caso conocido como Construcción y Corrupción que contiene los señalamientos contra Alejandro Sinibaldi y varios funcionarios del Gobierno del Partido Patriota: en consecuencia habrá que esperar a que avancen las investigaciones para establecer qué es lo que busca el MP y la CICIG y si hay algunos sindicados por hechos ilícitos.
Lo importante en todo caso es ver que la maquinaria de la justicia por el lado de las investigaciones y pesquisas continúa funcionando y que el empeño contra la corrupción se mantiene a pesar de las dificultades que ha impuesto no sólo el resto del aparato judicial, sino también el mismo Gobierno encabezado por Jimmy Morales y el Congreso con los diputados que suscribieron el Pacto de Corruptos que afloró en el mes de septiembre del año pasado.
Tenemos que entender que muchas prácticas que se consideraron “normales” a lo largo de muchos años tienen que ser objeto de repudio porque con ellas se perseguía pervertir la función del Estado y justamente la lucha contra la corrupción debe concretarse en la comprensión ciudadana del rumbo equivocado que se le fue dando al modelo político guatemalteco. El Caso Construcción y Corrupción es otro de los que refleja el manejo de millonarios fondos para financiar las actividades de políticos que aspiran a ocupar puestos públicos y cómo la danza de dinero se convierte finalmente en la cooptación del mismo Estado pactada entre los funcionarios y los financistas.
Creemos que es fundamental que todos en la sociedad revisemos nuestras actuaciones para asumir una postura orientada al cambio, a terminar con vicios que han sido tan dañinos para la sociedad y que no debieran repetirse nunca más. Lo fundamental y en lo que no debemos perder el norte es que el objetivo es acabar con dichas prácticas.
