Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La terrible mezcla de corrupción e impunidad ha destruido por completo al Estado guatemalteco y aunque se ha hecho un gran esfuerzo por desmontar el aparato de la cooptación, la verdad es que se encuentra tan enraizado que no es fácil ponerle fin al descalabro. El tema de la impunidad es puntual, puesto que resulta siendo el principal aliento para los corruptos que evaden de esa manera su responsabilidad penal.
Hay que recordar que el nuestro ha sido siempre, desde su origen, un Estado que garantiza impunidad al poderoso y solamente por el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se principió a encarar el problema y fue un logro definitivo la actitud del Ministerio Público bajo la conducción de Thelma Aldana. Y hay que decirlo así porque es obvio que ha sido su sello personal el que planteó un enfoque distinto para asegurar la persecución penal de la gente involucrada en la corrupción. Cierto es que durante el conflicto armado interno, eufemismo que se usa para referirse a nuestra guerra, se estableció de manera sistemática el manto de la impunidad como parte de la protección que el Estado brindaba a sus propios combatientes, pero toda esa estructura, cuidadosamente planificada, se puso luego al servicio de los corruptos y el resultado es lo que ahora tenemos.
Por ello es que dentro del mandato de la CICIG resultaba indispensable que Guatemala avanzara en una seria reforma del sector justicia para romper con los vicios que dan lugar a una impunidad absoluta y sistémica. El informe que presentó Human Rights Watch sobre la administración de justicia en el país es un resumen de las formas en que operan distintos estamentos para asegurar que por la vía del entrampamiento de la administración de justicia se asegure que los implicados en los casos ya procesados puedan seguir sin recibir condena alguna.
Sin las reformas que fueron propuestas por distintos sectores de la sociedad guatemalteca no habrá mucha esperanza de que se pueda romper con el molde de la impunidad porque seguiremos teniendo juzgadores que llegan al puesto luego de condicionamientos que se originan en las comisiones de postulación que se convirtieron en el nido de los pactos y arreglos para la conformación del poder judicial en el país. Y en esas condiciones los que resultamos condenados somos los ciudadanos a tener que vivir bajo reglas de juego totalmente espurias que alientan la corrupción.
No obstante esa realidad, la misma ciudadanía parece no percatarse del daño que a la sociedad le hace la existencia del modelo político actual basado en el latrocinio y el saqueo de los recursos ciudadanos. Continuamos con nuestra vida en la más absoluta normalidad a pesar de las evidencias abrumadoras de que el Estado dejó de funcionar para el cumplimiento de sus fines esenciales y nos hacemos de la vista gorda ante la realidad comprobada de gravísimos vicios.
Siempre ha sido característica del chapín la sangre de horchata, pero en las actuales circunstancias es crimen de lesa patria mantener la indiferencia.
