Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Desde los primeros años universitarios los estudiantes de derecho aprenden la diferencia entre los conceptos de justicia e igualdad. Mientras la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, la igualdad implica reconocer a todos lo mismo. Entender estos principios jurídicos es fundamental para quienes imparten justicia; porque no es lo mismo reconocer a todos los mismos derechos, como lo establece la ley; que darles a todos lo mismo, cuando existen diferencias entre los derechos y las obligaciones. Estas nociones también son fundamentales para economistas y administradores.
Montesquieu nos advertía que “La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.”
Me refiero a estos temas porque la aplicación de los mismos en la práctica tiene un efecto directo en la búsqueda de la excelencia o por el contrario en la promoción de la mediocridad en la función pública. Las sociedades en que prevalece el libre mercado y la competitividad, reconocen el esfuerzo humano con incentivos económicos. Así los profesionales más destacados ocupan los cargos más importantes. Mientras las organizaciones sociales de índole socialista buscan que todos los individuos tengan los mismos ingresos. En los países comunistas la diferencia entre lo que gana un cirujano, no es muy diferente de lo que recibe un enfermero.
La forma en que el Sistema de Justicia reconoce la labor de sus trabajadores favorece la igualdad y de esta manera promueve la mediocridad. Aunque existe diferencia en los sueldos nominales, según la función que desempañan, la mayoría de “bonos” que complementan el pago de quienes allí laboran, es igual para todos. Es decir que, en la bonificación, lo mismo recibe el conserje, el comisario, el oficial del juzgado que el juez; Es evidente que las competencias, la labor intelectual y las responsabilidades son totalmente distintas, por lo que el pago debiera ser proporcional.
Este año, por falta de capacidad administrativa en la Corte Suprema no se ejecutó el presupuesto asignado; lo que ocasionó que en algunos juzgados no tuvieran ni los insumos mínimos para funcionar, como papel, tinta para impresoras, útiles de oficina, etc. La baja ejecución del presupuesto, ha generado que las organizaciones gremiales como el sindicato de trabajadores del OJ, la Asociación de Jueces y Magistrados, así como el Instituto de Magistrados, soliciten un “Bono de apoyo económico”.
Esto ejemplifica dos situaciones críticas: La primera, la incompetencia de los magistrados en la administración de recursos, quienes ahora pretenden hacer una piñata con el dinero asignado para el funcionamiento eficiente de los tribunales. La segunda, una política de recursos humanos que promueve la mediocridad profesional, al estilo de los países socialistas.
Esta misma semana, en un foro internacional sobre “La Independencia de la Justicia en América Latina”, celebrado en Quito, Ecuador el reconocido académico Luis Pásara manifestó que, una de las graves consecuencias de no reconocer la importancia de la independencia judicial y la investidura del juez, es que los mejores abogados no quieren ser jueces. Por el contrario, quienes optan por la judicatura son los profesionales mediocres y sin posibilidad de sobresalir en otros campos jurídicos. Esto provoca que los jueces sean influenciables y manipulables.
Duele reconocer que esto sea verdad, que la excepción sean los jueces con verdadera vocación de justicia, competentes e independientes. ¿Cómo explicar que sea la propia Asociación de Jueces y el Instituto de Magistrados quienes promuevan un bono que atenta contra la dignidad de la judicatura?
