Luis Enrique Pérez
Algunos amigos, con quienes he conversado sobre el estado de la economía de nuestro país, me han solicitado exponer en un artículo, la opinión que, espontáneamente, he expresado en la conversación. No es, por supuesto, una opinión novedosa, ni he pretendido que lo sea. Intento satisfacer la solicitud de esos amigos.
Opino que la economía de nuestro país sufre una detención. Quizá hasta sufre una retracción. Alguna investigación estadística puede reportar por lo menos una detención; pero tal investigación no es necesaria. Es suficiente observar el acontecer del país. Esa observación revela indicios de detención, aunque esos indicios no sean objeto de una impresionante cuantificación. Expongo seguidamente algunas de las principales causas primarias que, creo, provocan esa detención.
Primera. Hay incertidumbre política. Por ejemplo, hay incertidumbre sobre la permanencia, hasta el final de su período, del Presidente de la República (que podría ser obligado a renunciar); o sobre la permanencia de la actual legislatura hasta el final de su período (que podría ser disuelta por una irresistible exigencia popular). En general, el acontecer político no es sensatamente predecible, sino inquietantemente impredecible.
Segunda. Hay incertidumbre jurídica. Por ejemplo, hay incertidumbre sobre la vigencia del permiso obtenido legalmente para aprovechar, con capital privado, recursos naturales, como recursos mineros, o recursos hídricos. Entonces puede ocurrir que se ordene interrumpir ese permiso cuando ya ha sido invertido un cuantioso capital privado. O puede ocurrir que, ilegalmente, algún grupo de ciudadanos, con el tácito permiso de la autoridad gubernamental, se oponga al aprovechamiento legal, con capital privado, de recursos naturales, y provoque una absurda pérdida económica.
Tercera. Hay incertidumbre de ejercicio de derechos, que denominaré “incertidumbre civil”. Por ejemplo, no hay certidumbre de ejercicio de tres derechos elementales: derecho a la libertad, derecho a la vida y derecho a la propiedad privada. Holgadamente, con arrogantes e impunes actos criminales, se suprime la libertad de transitar. Ser víctima de asesinato es un renovado riesgo cotidiano. Los bienes propios están expuestos a destrucción, sabotaje o invasión. Si la seguridad pública consiste en la garantía de ejercer esos derechos, podemos afirmar que, en nuestro país, no hay seguridad pública.
Esas causas interactúan con poderosa sinergia y contribuyen a provocar un notable efecto: prohibir la inversión. Es explicable. ¿Invertirá quien no tenga una sensata certidumbre sobre el régimen político al cual estará sometida su inversión? ¿Invertirá quien no tenga una sensata certidumbre de que se cumplirá la norma jurídica que ha sido fundamento de su decisión de invertir? ¿Invertirá quien no tenga una sensata certidumbre de que podrá ejercer el derecho a la libertad, o el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada? Es imposible que haya una entusiasta propensión a invertir en un país espléndido en incertidumbre política, fecundo en incertidumbre jurídica, y exitoso en incertidumbre civil. Y si no hay inversión, no habrá progreso económico.
La detención de la economía de nuestro país consiste precisamente en una prohibición de invertir, por incertidumbre política, incertidumbre jurídica e incertidumbre civil. Esa prohibición impide crear más oportunidades de trabajo; y combinada con el incremento de la población apta para trabajar, impide también el incremento del salario, porque tiende a haber más oferta que demanda de trabajo.
En suma: actualmente hay, en nuestro país, obstáculos que atentan contra el incremento de la inversión, de la demanda de trabajadores y del salario. Son obstáculos que, con infortunada placidez, prometen mayor pobreza, y con abominable certeza, garantizan el cumplimiento de tal promesa. Suministrar certidumbre política, jurídica y civil es una condición necesaria, aunque no suficiente, para incentivar el incremento de la inversión, de las oportunidades de trabajo y del salario.
Post scriptum. La incertidumbre política, jurídica y civil es mortífera. Arrebata, con secreta eficacia, la lícita esperanza de una benéfica prosperidad. Es una incertidumbre suicida.
