Emilio Matta Saravia
emiliomattasaravia@gmail.com
Luego de leer algunos artículos publicados la semana pasada sobre el índice Doing Business que publica el Banco Mundial y el retroceso que tuvo nuestro país en el mismo, me di a la tarea de investigar un poco más sobre este índice y la metodología utilizada para su elaboración. Para ello me fui directamente a la fuente, es decir, la página de internet del Banco Mundial.
Este índice abarca diez temas principales, que son iniciar una empresa, permisos de construcción, acceso a electricidad, registro de propiedad (inmobiliaria), acceso a crédito, protección de inversionistas minoritarios, impuestos (por cierto, no tiene nada que ver con bajos impuestos), comercio a través de las fronteras, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. Estos diez temas, se convierten en 108 dimensiones a evaluar. La evaluación no sólo es en términos de menos trabas o más tiempo, como algunos colegas han sugerido en sus columnas de opinión, sino que abarca muchos más temas como costos, dificultad para realizar trámites, equidad de género, calidad de los servicios, y un muy largo etcétera.
Decir que la Guatemala empeoró su calificación sólo por haber puesto un requisito más para abrir un negocio o un dictamen sanitario del MSPAS para la obtención de una licencia de construcción es caer en ser simplista. Por cierto, que la evaluación de permisos de construcción, incluye en las dimensiones que evalúa la calidad de la construcción, calidad de las regulaciones ambientales, de sanidad y de aguas servidas, controles de calidad pre, durante y post construcción, y certificaciones profesionales de constructores, entre otras.
Guatemala sale peor calificada en cumplimiento de contratos (puesto 176), protección a intereses de socios minoritarios (puesto 172) y resolución de insolvencias por deudas (puesto 153). Creo que es allí donde se debe empezar a trabajar, si se quiere mejorar en este índice. Esto nos da la pauta que en Guatemala los mecanismos para hacer que se cumplan los contratos son costosos, tardados, y los procesos judiciales de mala calidad (corruptos pues). De igual forma, en Guatemala no existen mecanismos para proteger al inversionista minoritario desde el punto de vista de sus derechos y control de la empresa, obligaciones de los directores hacia los accionistas, acciones legales de los accionistas minoritarios, y transparencia corporativa. Por ejemplo, en Guatemala un accionista mayoritario que cuenta con más recursos económicos, puede quitarle literalmente la empresa a un accionista minoritario haciendo un llamamiento a capital a sabiendas que el minoritario no lo va a poder cumplir, y por ende comprará a valor en libros la parte del socio minoritario (aunque legal, es una deleznable y abyecta práctica muy conocida y utilizada por nuestros “empresarios”). Como colofón, el caso de resolución de insolvencias por deudas también da mucho para hablar, ya que se estima que en Guatemala se recuperan 27 centavos por cada dólar de un deudor que entra en insolvencia, tarda uno 3 años para recuperar esa pírrica suma, si bien le va, a un costo altísimo, y con uno de los marcos legales más pobres de la región para hacerlo.
En resumen, si aspiramos a ser un país más competitivo, que genere bienestar y prosperidad para todos sus habitantes, debemos trabajar para que exista lo que se conoce como Estado de derecho. Es decir, un país donde se cumplen las leyes, y se respetan los derechos de los demás.
