Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy Daniel Wilkinson, de la entidad Human Rights Watch, presentará el informe de la situación que se vive en la lucha contra la corrupción, específicamente con relación a las dilaciones procesales que se van convirtiendo en arma de impunidad para proteger a los señalados en los escandalosos casos que, al principio, conmovieron a la sociedad guatemalteca y sorprendieron a la opinión pública internacional.
Y digo que se juntaron el hambre con las ganas de comer porque van de la mano del litigio malicioso para entrampar los procesos y la ya tradicional pero ahora más marcada actitud de nuestros juzgadores de irrespetar los plazos establecidos en ley para permitir que se vuelvan eternos los juicios. Los abogados defensores saben perfectamente cómo entretener la nigua y los juzgadores no tienen ninguna prisa para avanzar y dictar las condenas correspondientes. Pero todo ello obedece a un plan bien definido que yo he denunciado varias veces desde esta columna, puesto que están apostando a que en el primer semestre del año entrante terminará sus funciones Thelma Aldana como Fiscal General, vacío que esperan llenar con uno de los operadores de la impunidad de los que hay tantos en Guatemala, en tanto que la CICIG sigue bajo el acoso de los poderes reales de Guatemala que pretenden que se vaya Iván Velásquez para que nos venga alguien como Dall’Anese a no hacer absolutamente nada.
Si con la parte acusadora empeñada en avanzar y en lograr condenas estamos como estamos, ya se puede imaginar cualquiera lo que pasará cuando concurran los retiros de Velásquez y Aldana, de acuerdo al plan que se tiene trazado. No crean que la decisión de declarar persona non grata al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue una casualidad o simple despecho del Presidente. Fue bien trabajado por poderosos sectores entre los que coinciden los que ya están en el Zavala y los que sienten que van a ir a parar a ese lugar. Le lavaron la cabeza al influenciable e impreparado Presidente para que se tirara al agua con la descabellada idea que, de haber prosperado como lo habían previsto, dejaba el camino libre para que la elección del nuevo Fiscal General fuera pan comido para asegurar el fin de la lucha contra la impunidad.
Nuestro sistema de justicia actúa de acuerdo a lo que se esperaba de él desde que se cooptaron las comisiones de postulación, porque está llamado a ser el definitivo parapeto de la impunidad y lo hace perfectamente bien. Por ello la durísima oposición que hubo a las reformas constitucionales al sector justicia que apuntaban, justamente, a cambiar el modelo para liberar a los juzgadores de esos perversos compromisos que tienen que contraer, tal y como oportunamente lo denunció la exmagistrada Claudia Escobar. Los diputados usaron cualquier pretexto para rechazar la propuesta porque sabían que era para desmontar el poder de quienes mueven los hilos de impunidad y ya vimos que los “representantes” son cabras que siempre tiran al monte, como lo demostraron hoy hace dos meses.
