Estuardo Gamalero
“La verdad se corrompe tanto con la mentira, como con el silencio”
Cicerón
Abusivos, se refiere a alguien que comete un abuso. Para efectos de este artículo, me refiero al descaro de un grupo de personas, que pervierten el ejercicio de un derecho constitucional y atentan en contra de los derechos de las demás personas.
En nuestro país, se ha puesto de moda y a la orden del día, creer que todos tenemos la justificación de excedernos en el ejercicio, ya sea de un derecho, o de alguna función que establece la ley.
Pareciera que, en Guatemala, se fomenta una cultura de desobediencia de las reglas y solo para que estemos claros: ¡Abusar de un derecho también es corrupción!
Así como los pícaros que bloquean la vía pública y destruyen la propiedad ajena, también vemos personas que arbitrariamente desvían ríos inmundos que contaminan con sus desechos los recursos hídricos; personas que invaden fincas; delincuentes que se roban la energía eléctrica y comercializan su conexión; periodistas que reportan noticias falsas; jueces que resuelven con sesgo ideológico y evidente contradicción jurídica; políticos corruptos que lucran del hambre y las necesidades del pueblo; líderes extranjeros que fomentan la discordia entre clases sociales.
El artículo 33, de la Constitución Política, garantiza el derecho de reunión y manifestación, el cual establece que, el mismo debe ejercerse en forma pacífica y sin armas. Si bien dice que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Así mismo el artículo 26 garantiza el derecho a la libertad de locomoción el cual consiste en que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
Sin ánimos de aburrir la lectura con lecciones de abogado, vale la pena señalar que su parte conducente, la legislación penal tipifica los delitos de: reuniones y manifestaciones ilícitas (art 397), que se ocasiona cuando se organizan, promueven o se participa en reuniones o manifestaciones con infracción de las normas que regulan esos derechos. El delito de Sedición (art 387), es cuando sin desconocer la autoridad del Gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente las personas, para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes:
1o. Deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos que hayan sido legítimamente nombrados o electos. 2o. Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas. 3o. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. 4o. Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública.
Adicionalmente, el art 391 desarrolla el delito de Terrorismo: quien, con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. El artículo 415 del Código Penal, plasma, por si fuera poco, el delito de Desorden Público.
Pero en Guatemala, no solo hay grupos organizados que con premeditación anuncian y se jactan del abuso del derecho a manifestar con fines notoriamente ilegales, sino también instituciones de Estado y funcionarios que se lo permiten.
Lo anterior obliga a ver semejante situación desde tres ópticas: I) la de los sin vergüenzas que se organizan para delinquir y evidentemente logran salirse con la suya; II) la de las autoridades de Estado que fingen ceguera, demencia temporal o confusión de delitos, usos y abusos; y III) la de los ciudadanos que terminamos siendo las víctimas de un bloqueo, un bochinche, la pérdida de un negocio, una muerte por impedimento de paso o simplemente, tolerantes de los abusos tanto de los delincuentes, como de los funcionarios que han sido cooptados por alguna agenda torcida.
El abuso de un derecho no es tema exclusivo de la política, se origina en la falta de educación, moral y principios de las personas y vemos diariamente, ejemplos de familiares y amistades que viven en la sombra de lo que no es correcto o es prohibido, desde temas íntimos hasta cuestiones como parquearse en donde no se debe, comprar cosas robadas, fomentar el contrabando, aceptar o pagar soborno, incurrir en tráfico de influencias, destruir la imagen de un contendiente u opositor.
Los guatemaltecos necesitamos asumir una actitud de ejemplo que nos inspire a ser responsables del cambio que necesita nuestro país.
