Jorge Raymundo
A pesar que la Fiscal General se encargó de interpretar las palabras del Presidente y explicar qué quiso decir en términos jurídicos, y de paso corregirle la plana, lo dicho en un acto público, ante personas tanto nacionales como extranjeras, por el Presidente de la República pareciera un contrasentido. Digo pareciera porque, a pesar de las toneladas de críticas, memes y toda clase de improperios que recibió durante la tarde del 23 de octubre, día en que pronunció dicha frase, podría dársele otra explicación a partir de la intención del emisor al momento de pronunciar tal frase. Efectivamente, oyéndolo tal cual lo dijo en un tono, incluso, molesto como ha sido su actuar en los últimos días, a todos nos parecía un contrasentido que denotaba ignorancia no solo de elementales principios legales, sino de una ignorancia monumental que, dada su investidura de Presidente de la República, no se podía dar ese lujo.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que lo que dijo, es su verdadera convicción y como lo han dicho otros analistas, a sabiendas que lo que dijo es un contrasentido, sigue un guion y una estrategia maquiavélica que “la mentira dicha constantemente y miles de veces, se vuelve verdad” entre más se repite, poco a poco se va volviendo una verdad y lo termina creyendo la gente; y si a eso le agregamos que columnistas de medios escritos, analistas de medios radiales o televisivos, utilizan esa misma frase, precisamente para defender a los corruptos, entonces la frase cobra sentido. Como si la corrupción (el delito) no lo cometiera una persona de carne y hueso (corruptor). Pero he ahí la mentira dicha repetidamente, se va volviendo verdad y en cierto modo va cubriendo al hechor del delito de una coraza de impunidad.
Si esta interpretación puede tener algo de sentido común, se podría argumentar entonces que en el fondo lo que está diciendo el Presidente es que se persiga el delito de enriquecimiento ilícito, el delito de compra de facturas para las canastas navideñas o el bono de los cincuenta mil quetzales mensuales, pero no a los que cometieron dichos ilícitos. Esto también explica la oposición al trabajo de la CICIG y del MP que ha hecho el Presidente de la República y ha construido todo un frente común con la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, algunos alcaldes municipales para que no le levanten la inmunidad por los posibles delitos que ha cometido, tanto como Secretario General de su partido como de haber aceptado un bono extra de su salario como Presidente. Por eso habla otras veces de justicia selectiva de la CICIG y del MP porque para él sería mejor que estas instituciones de justicia se dediquen a perseguir mareros que extorsionan a pilotos y comerciantes o ladrones que actúan a sus anchas en las calles de la ciudad, y que dejen tranquilos a los que hacen negocios con el Estado porque eso es para él muy “normal” como lo afirmó en otra ocasión a propósito de su opinión sobre si la corrupción es algo normal o no en Guatemala.
Pero, mientras el Presidente anda dando discursos aparentemente contradictorios, pero que en el fondo lo que está promoviendo es impunidad, la ejecución presupuestaria de algunos ministerios vitales para el desarrollo del país como el de Comunicaciones y Desarrollo Social está por los suelos y la crisis económica en el país está tocando puertas.
