Raúl Molina
Nos encontramos, sin duda, en un nuevo momento revolucionario de Guatemala, ya que ante el colapso del Estado proponemos su profunda transformación, que pasa por la eliminación de la corrupción y la impunidad, dos flagelos que nos han acompañado desde que la intervención estadounidense de 1954 detuviera el desarrollo de la Revolución del 20 de Octubre de 1944. Dicha Revolución produjo las grandes transformaciones sociales, económicas, políticas y éticas que hicieron posible la “Primavera Democrática”, cuando por primera vez los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales– fueron puestos al centro de las políticas del Estado guatemalteco. Al cortarse dicha primavera, la contrarrevolución fue arrancando uno a uno dichos derechos: la violación del derecho a la vida llegó al extremo de las políticas represivas y genocidas de los 70 y 80. Y, luego de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, de Arzú hasta Morales, el Estado se ha convertido en fallido y neocolonial, inmerso en la corrupción y la impunidad. El rechazo de la ciudadanía a esta situación llevó al inicio de la Revolución Ética en 2015, para transformar el Estado y la sociedad, que se encamina a su conclusión en 2017. El movimiento en marcha, que ha pasado por la expulsión de Pérez y Baldetti hace dos años, no se conformará con el saneamiento del Poder Ejecutivo sino que tiene que destruir el sistema político actual, y sus ramificaciones en los Poderes Legislativo y Judicial. La Revolución Ética nos devolverá al proceso transformador que fue interrumpido en 1954.
En cápsula informativa reciente, el Movimiento de Unidad Progresista y Popular y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala plantean una serie de preguntas sobre la ética del accionar político. Basta dar respuesta a algunas de ellas, para concluir que sin arrancar de raíz la corrupción y la impunidad, todo cambio será apenas cosmético. ¿Es ético que Jimmy Morales haya recibido un bono del Ejército durante nueve meses y haya hecho las maniobras para garantizar que se haría en total secreto? No, esto amerita su expulsión, y tampoco ha sido ética la decisión del CSJ de rechazar la solicitud de levantarle el antejuicio al Presidente por el usufructo de dicho inconstitucional e ilegal bono. ¿Es ético que las y los diputados pro-corrupción hayan salvado a Jimmy Morales de ir a juicio por el financiamiento ilícito recibido por el FCN-Nación en las elecciones pasadas? No, y menos cuando diputados y diputadas buscan evitar a toda costa que se enjuicie el financiamiento ilícito de los partidos políticos. ¿Es ético que altos oficiales del Ejército reciban el “bono de responsabilidad”, como un sobresueldo por no hacer nada, mientras que la desnutrición infantil, la falta de educación y la falta de salud son sus consecuencias inmediatas? Tampoco. Como se ve, están entrelazados los Poderes del Estado y Ejército en esta danza macabra de corrupción e impunidad. Definitivamente, la ética está ausente de la práctica política y la Revolución Ética que impulsamos debe garantizar que la clase política de Guatemala sea desplazada.
