Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
La Constitución Política de la República indica en el título y capítulo “Disposiciones transitorias y finales”, artículo número 19 BELICE: El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. (El subrayado es mío).
Por tanto; pregunto, ¿lo que se pretende someter a consulta, según lo determinado por el acuerdo 22-2017 del Congreso, es definitivo o es algo indeterminado?
La respuesta que considero procede conlleva que No es definitivo. Por tanto, el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y también el Organismo Ejecutivo están cometiendo una violación constitucional y lo menos que puedo pensar, con el respeto que me merecen, es que están siendo “mensos”.
Adicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral, al decidir que la consulta popular respectiva se realice el 18 de marzo del 2018, está evidenciando no saber evaluar tres cosas: la primera, una consulta convocada para esa fecha conlleva un gasto de 300 millones de quetzales que no están presupuestados y que el TSE no va a financiar de sus propios recursos.
Segundo, está evidenciando que no ha tenido la habilidad de comprender que si Guatemala hace la consulta respectiva y llegase a triunfar el SÍ, le está sirviendo la mesa a los beliceños para que a su conveniencia y criterio digan NO o digan Sí, por cuanto ya llevan la certeza y ventaja que Guatemala se comprometió.
Al no existir un plazo expresamente indicado en el acuerdo 22-2017 del Congreso, si se quisiera hacer la consulta sin que tuviera ese enorme gasto de 300 millones de quetzales, nada impediría que la misma se hiciera simultánea a las elecciones generales que se tendrán que realizar dentro de menos de dos años.
Para los guatemaltecos que no están suficientemente informados, debemos recordarles que la disputa que se tiene con Belice es históricamente política y de una enorme importancia socialmente.
Son doce mil kilómetros los que Inglaterra usurpó sin tener título alguno del territorio de lo que era el Alta Verapaz.
Conlleva una enorme importancia porque ese territorio permite, adicionalmente, acceso al mar y a una serie de pequeñas islas de un enorme potencial turístico.
Como lo dijera el patriota argentino Sarmiento: un país para ser grande debe tener acceso a los dos océanos (Pacífico y Atlántico) y si Guatemala perdiese esos 12 mil kilómetros, quedaría, según las normas internacionales, sin acceso al mar, condenaría a todo el territorio de Petén a un menor desarrollo.
Aunque equivocadamente el Tratado Aycinena-Walker había cedido los derechos a ese territorio a cambio de la construcción de una carretera, menos mal, y como siempre Inglaterra solo miró su interés de forma abusiva y egoísta y no cumplió con un tratado que le permitía tener una colonia el doble del tamaño de los que hubiera tenido si Guatemala recobrara los 12 mil kilómetros del territorio en disputa que actualmente ocupa Belice.
¡Guatemala es primero!
