Carlos Figueroa Ibarra
El 16 de julio de 2017, la oposición derechista venezolana hizo una consulta electoral para que los venezolanos determinaran si querían una asamblea constituyente. Al final del día, esa derecha aseguró de manera discutible que había obtenido entre 7 y 8 millones de votantes, la mayoría de los cuales habría rechazado la posibilidad de esa constituyente. El proceso era ilegal y, sin embargo, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro no interfirió en el mismo, ni efectuó acciones represivas. Hubiera sido una inmoralidad y una tontería el hacerlo. Como dijo alguna vez el genio tenebroso Fouché, habría sido “peor que un crimen, un error político”. Una de las batallas de la revolución bolivariana es la de la legitimidad y en particular la de la legitimidad internacional. La dictadura mediática internacional ha calificado al régimen chavista como una “sangrienta dictadura totalitaria y populista”. Hoy la derecha venezolana ha perdido varias batallas políticas y se encuentra a la defensiva, cuatro de sus gobernadores electos accedieron de marea realista juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el asedio mediático y los grandes poderes mundiales no ceden: el actual gobierno venezolano es una dictadura.
El domingo 1 de octubre de 2017, pueblo y gobierno de Catalunya realizaron un referéndum para determinar si los catalanes optaban por la independencia del país o decidían seguir formando parte de España. Estado y gobierno españoles arremetieron contra dicha consulta popular, la declararon ilegal y la satanizaron mediáticamente. El día del referéndum el gobierno de Mariano Rajoy arremetió contra la población, intentó decomisar urnas, golpeó salvajemente a los votantes. El saldo del día fue de 893 heridos en esa salvaje represión. No quiero ni imaginar si ese error político, peor que un crimen en palabras de Fouché, lo hubiese cometido el gobierno venezolano. Hubiese sido el principio del fin de la revolución bolivariana. Pero no fue así. Lo cometió “el gobierno democrático” de Mariano Rajoy quien según la dictadura mediática, de esa manera trata de mantener el estado de derecho en España y actúa de acuerdo a la ley. Hoy estamos en la vísperas de un golpe de Estado del gobierno español contra la Generalitat, la cual virtualmente desaparecerá en el momento que el franquista Rajoy asuma el gobierno catalán. Se espera la destitución del presidente catalán Carles Puigdemont y una ola de arrestos que seguirían a los de “los Jordis”, Jordi Sánchez (presidente de la Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (presidente de Omniun Cultural). Ambos se encuentran guardando prisión por los delitos de sedición. Lo que estamos viviendo en España en el momento actual es el franquismo revivido.
Independientemente de la indignación que ocasiona la represión franquista al pueblo catalán, también indigna la diferenciación con el que el establishment neoliberal mira a Venezuela y a Catalunya. Como una dictadura sangrienta al gobierno de Maduro (pese a haber permitido la realización pacífica de la ilegal consulta de la derecha) y como una gobierno democrático al encabezado por Rajoy (pese a la represión sangrienta del referéndum).
He aquí el doble estándar neoliberal.