David Barrientos
La administración de los recursos públicos ha sido por mucho tiempo delegada a personas que no están capacitadas ni fiscalizadas adecuadamente; los casos que hoy se ventilan por la vía penal y mediática son un ejemplo de los millonarios despilfarros y enriquecimiento ilícito producido. Tema que merece la atención, no solo de quien administra los recursos sino de los entes que los fiscalizan; sin embargo, cómo puede un fiscalizador hacer eficientemente su trabajo, si desconoce cómo se gestionan y cómo puede gestionar el que administra, si no tiene un sistema que lo guíe para hacerlo. Esta es la razón por la cual la corrupción se apodera de la gestión y permite la discrecionalidad de los funcionarios, donde convenientemente la costumbre hace la regla. En este tradicional sistema de administración las decisiones están concentradas y tristemente empodera a los decisores dignos del tercer mundo.
Los sistemas de gestión modernos que alcanzan una administración exitosa se caracterizan por: desconcentración de subsistemas administrativos, financieros y técnicos, alineamiento de los recursos necesarios para aumentar la rentabilidad de los resultados, establecimiento de líneas de comunicación entre los subsistemas, alineamiento de ciclos e integración de procesos para garantizar la coherencia en la gestión hasta lograr que la organización sea un todo y transparentar la gestión mediante la rendición de cuentas. Materializando lo anterior con los principios presupuestarios de: “quien pide no compra, quien compra no paga, quien paga no recibe”.
Estos sistemas nacen de la mano de grandes organizaciones en búsqueda de hacerse más eficaces y efectivas hasta alcanzar la llamada “Calidad Total”, donde el fiscalizador conoce el sistema y la gestión manifiesta procesos institucionalizados de manera sencilla y complementaria, promoviendo así un modelo de gobernanza mayor y asegurando una visión del todo.
La alta gestión o sistema similar, en la actualidad, posibilita que las decisiones sean verdaderamente orientadas a la búsqueda de resultados, permitiendo a las organizaciones de gobierno identificar en que tareas o programas la organización obtiene el mayor beneficio y así su intervención se hace eficaz.
Cuando se trata de recursos públicos es necesario el establecimiento de una política que permita vincular de manera eficiente y transparente la gestión de recursos con la economía nacional, para alcanzar mayores estándares de modernización y transformación alineado con el contexto internacional, de manera que la globalización no sea un problema para el desarrollo sino un medio para la consecución de los intereses nacionales.
En Guatemala, por aproximadamente diez años, programas de cooperación internacional han intentado institucionalizar este sistema. Sin embargo, la conveniente, desordenada y corrupta burocracia ha impedido su implementación en lugar de asegurarlo y luego de afianzarse debiera propagarse positivamente para todo el estado; pues solo con un sistema de gestión estatal moderno y bien definido podrá mejorar la gestión pública, de lo contrario se seguirán mal utilizando los recursos.
Implementar creativamente un sistema de alta gestión es imperativo, tendría como resultado optimizar los recursos de los contribuyentes, incidiendo incluso en la reducción del tamaño del sector público con la eliminación de órganos y programas innecesarios e ineficientes, pasando por beneficios colectivos logrados al margen del bien común.
