Carlos Soto Pineda
En países con sistemas “electoreros” como el nuestro, analizar, entender y tratar de explicar la Ecuación Dinero-Política es un asunto peliagudo (espinoso), pero clave en la auditoría social de la Democracia.
Tener claro que el financiamiento de la campaña electoral y de los “clubes pro sufragio” mal llamados “partidos políticos” (que no son más que vehículos postulantes temporarios) es un asunto POLÍTICO-mercantilista más que Técnico, es fundamental.
Darle solo carácter o connotación técnica al aspecto, planteamiento o la discusión de las posibles “REGULACIONES” al manejo y retribución monetaria estatal de los partidos políticos que participen en las elecciones, es un error que se debe evitar a toda costa, pues esta regulación o auditoría a la misma puede ser -es– un detonante de inestabilidad y crisis en –repito– “Democracias” como la guatemalteca, donde candidatos y/o ex funcionarios están prófugos o autoexiliados para “burlar” o eludir la persecución penal, pero con el Poder que da el dinero producto de la corrupción para incidir desde afuera en las decisiones y acontecimientos políticos internos.
Dada la Visión Global de muchas organizaciones, comisiones, instituciones y cooperantes internacionales que le atribuyen a los partidos políticos ser la espina dorsal del Estado Democrático, es que se produce ese doble rasero a la hora de auditarlos o juzgarlos, pues en algunos casos específicos, solo hacen eco de tecnicismos y no se abordan problemas torales de este sistema de elecciones -que son eminentemente políticos– como lo son el lograr una auténtica representatividad, fortalecimiento de los partidos políticos (crear instituciones políticas) y garantizar la total independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con una Ley Electoral y de Partidos Políticos ideal, utópica se buscaría la equidad e imparcialidad que tanto pregonan en la anhelada Democracia.
La sobrevivencia y reproducción del modelo democrático en un Estado con las características del nuestro, explica la importancia del tema del Financiamiento Electoral y la preeminencia del aspecto político de éste, habida cuenta de los posibles orígenes, fuentes y cantidades groseras de dinero, mercancías, bienes y transacciones implicadas en el mismo.
La “mercantilización” de las elecciones deterioró ostensiblemente la legitimidad de los resultados de éstas, por llevar implícita operaciones de Corrupción, estatal y privada, de manipulación mediática y la pérdida de valores éticos en su desarrollo (“pragmatismo político”).
Por eso es vital estructurar, consensuar, exigir un Sistema de Control y Auditoría real de las finanzas de los partidos políticos, que tenga como fin EVITAR o al menos EVIDENCIAR los orígenes derivados de la Corrupción o del llamado “Financiamiento Irregular”.
Si no se establece y no se logra ese control a través de una Ley Electoral y de Partidos Políticos fiable, «autónoma», imparcial, seguiremos oyendo repetir frases como la acuñada por el político mexicano Carlos Hank González (maestro de escuela primaria que con el Partido Revolucionario Institucional –PRI– llegó a ser Presidente Municipal de Toluca, Gobernador del Estado de México, Regente de la Ciudad de México y titular de las secretarías de Turismo y de Agricultura durante el Gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari), quien dijo: “UN POLÍTICO POBRE, ES UN POBRE POLÍTICO.”
