Víctor Ferrigno F.
Para la opinión ciudadana, el pacto de impunidad entre el Congreso y el Ejecutivo se completó la semana pasada, al sumarse la Corte Suprema de Justicia y el CACIF. Ahora sí se quitaron la máscara; corruptos y corruptores se revuelcan en una bacanal de impunidad, sostuvo una jovencita en la plaza.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la ausencia de las magistradas Morales y Dávila, rechazó tres solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y otra contra los 107 diputados que reformaron el Código Penal, para encubrir sus delitos.
Los argumentos legales esgrimidos son tan inconsistentes y risibles, que no vale la pena analizarlos, pues se trató de una lisa y llana componenda política con Jimmy Morales. Demostraron que la toga sirve como manto de impunidad, o como trapeador.
Edgar Gutiérrez recién publicó, que un diputado le confirmó que la mitad de los magistrados de la CSJ y varios de las Salas están apalabrados para no dejar pasar ningún levantamiento de antejuicio contra los políticos. ¿Quiere decir que corrió dinero, chantajes y cobro de deudas viejas, porque muchos jueces fueron puestos por el crimen organizado?
El empresariado venal no se quedó atrás. El 12 de octubre, en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) publicitaron el pacto de impunidad con Morales, a cambio de hacerse cargo del sistema carretero nacional, para hartarse de dinero público, construyendo 47 mil 500 km en los próximos 25 años, cobrando peajes exorbitantes.
Felipe Bosch, presidente de Fundesa y miembro del consorcio empresarial que se constituyó en uno de los principales financistas de Jimmy Morales, le expresó una frase que, tarde o temprano, se tendrá que tragar: “… le soy sincero, no lo tomo como un político corrupto, le quedan dos años más, así que manos a la obra”.
Paradójicamente, los expositores internacionales invitados por el Enade les dijeron a los empresarios que la prioridad debe ser la ciudadanía, no la infraestructura. Xavier Sala i Martín, autor del índice de desarrollo global, remarcó que pensar en infraestructura sin invertir en capital humano es un grave error; explicó que en Barcelona y Sevilla, millonarias inversiones en infraestructura, en su mayoría están desaprovechadas, y muchos de los que participaron en esos proyectos ahora están en la cárcel. Palabras proféticas.
La resistencia popular avanza y, a partir del 14 de octubre, se han comenzado a constituir Asambleas Ciudadanas contra la Corrupción y la Impunidad en todo el país, a fin de erradicar estas lacras.
Diputados, alcaldes, jueces y empresarios corruptos han roto el régimen constitucional de Guatemala, el cual debemos rescatar. Nuestra Carta Magna, en su artículo 45 establece que “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.
Además, estatuye que ninguna persona […] “está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley” (Arto.5). En consecuencia, no estamos obligados a cumplir los fallos de jueces impuestos por el crimen organizado, ni acatar las normas aprobadas por diputados corruptos, ni obedecer disposiciones de gobernantes y alcaldes electos fraudulentamente, gracias al financiamiento electoral ilícito.
En este movimiento ciudadano por el rescate de nuestro régimen constitucional, hay que recordar que en su preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera esencial que estos derechos fundamentales sean protegidos por un régimen de Derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
