Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Creo que hay ejemplos similares en el mundo, pero sin duda alguna el caso de Guatemala es uno muy particular porque pocos serán los países en los que el aparato estatal funciona de manera perversa debido a la completa desvirtualización de las instituciones, gracias a una campante y muy efectiva corrupción, impunidad y tráfico de influencias que inicia desde el financiamiento de las campañas.
Ayer el Editorial de este medio decía: “Por ello es que cuestionamos seriamente la cacareada institucionalidad, porque la misma responde únicamente a los promotores de los vicios que destruyen nuestro sistema y evitan que el Estado pueda cumplir con sus fines para promover el bien común”.
Bien común que hoy nos cuesta tanto buscar, en especial a aquellos que tenemos la dicha de poder comer tres veces al día y es que siempre he dicho que es muy cómodo decir que el cambio toma tiempo, que las reformas son muy complicadas o que es mejor ir despacio, si no se pasan penas y siempre hay comida en la mesa.
Por eso no entiendo la enorme resistencia al cambio que existe en la gran mayoría del círculo en el que me muevo, puesto que el gran problema de nuestro país es que seguimos haciendo lo mismo que nos ha ofrecido resultados desastrosos e indicadores de desarrollo humano que son, literalmente, para llorar.
El problema de Guatemala es estructural y por eso es que mi punto de vista siempre ha sido que querer parchar algunas cosas, es como pretender curar a un enfermo de cáncer con aspirinas. Me explico: no podemos hablar de nuevos modelos de gestión sin generar un cambio de matriz total en el sistema de compras, adjudicaciones y concesiones que además, vaya de la mano con una reingeniería completa de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Nunca, pero nunca, llegará el dinero a donde se debe si tenemos más de 600 unidades ejecutoras y usamos fideicomisos para ejecutar el gasto.
No podemos decir que más gente debe meterse a política cuando la arena y las reglas que les ofrecemos son las mismas de siempre de dónde han surgido los grandes consorcios de corrupción (digo consorcios porque me refiero a los políticos y sus socios financistas). No podemos hablar de verdadera democracia si los espacios de elección están reservados para quienes desean jugar bajo las reglas de cooptación al servicio de los cacicazgos.
Soy un fiel creyente de las energías renovables pero no podemos permitir replicar modelos de opacidad que permitieron a muchos financistas de campaña materializar sus proyectos cumpliendo con los formalismos que debían cumplir porque ya tenían el visto bueno desde antes y/o desde arriba, a quienes además se autorizó el uso de los ríos a base de prácticas poco ortodoxas, por decir lo menos. No podemos hablar de transparencia cuando ni siquiera tenemos una ley de aguas.
No podemos hablar de que seremos Venezuela (a futuro), cuando en el presente nuestras autoridades judiciales se eligen en base a componendas entre políticos que se reparten el pastel para asegurar que la ordeñada del botín no tendría consecuencias legales porque tienen la cantidad suficiente de jueces y magistrados que pueden sacar la cara en el momento oportuno, y para muestra el magistrado Dubón. No podemos alegar golpe de Estado cuando se asoma la justicia.
Espacio falta para seguir pero sobra la necesidad de que entendamos que el cambio es un tema económico y acuño esa frase porque con eso se zanja el debate para quienes dicen que el cambio es de izquierdistas; nadie con dos dedos de frente puede rebatir que a más oportunidades para los marginados, mejor nos irá a todos.
Ayer, decía y con esto termino: Elecciones 2015 = continuidad del modelo en 2017.
Contrataciones 2017 (sin cambios de fondo, ej. CGC) = continuidad del modelo a perpetuidad. No nos permitamos seguir cometiendo los mismos errores y el llamado es para los “sensatos” para que alcen la voz y se hagan escuchar más que los preocupados porque les caiga la justicia.
