La recomendación que hizo el Magistrado Gustavo Dubón Gálvez respecto a los antejuicios planteados contra varios diputados por las plazas fantasma que promovieron en el Congreso durante el período en que Luis Rabbé presidió ese organismo, encuadra perfectamente en lo que se ha dado en llamar la suscripción final del pacto de corruptos de parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que apunta a que en resumidas cuentas se termine disponiendo que en Guatemala no pasó nada y que la corrupción es un invento de la CICIG y el Ministerio Público, avalada por la Plaza.
Según Dubón, se trata de un problema administrativo que tiene que resolverse por esa vía y no por la vía penal. Si a eso vamos, todo lo que tiene que ver con la corrupción en el ejercicio de funciones dentro de la Administración Pública, caería en la misma categoría y no habría razón alguna para que el Mariscal Zavala esté repleto de corruptos ni para que haya tanto acusado como resultado de sonados procesos como el de La Línea o Cooptación del Estado puesto que todo se traduce en decisiones tomadas por autoridades “competentes” que al favorecer a sus compinches no hicieron sino uso de sus facultades administrativas.
El siguiente paso tras lo que recomienda Dubón es que su Corte de compinches declare que no hay motivos para juzgar a nadie y que liberen a Pérez Molina y Baldetti en aplicación de ese peregrino criterio. Pero debe saberse que hay decisiones administrativas que encuadran perfectamente en la tipificación de delitos y eso es lo que se tiene que perseguir si queremos hacer de Guatemala un país diferente en el que prevalezca la decencia. Con razón, ahora ampliado ese pacto de corruptos con la decisión de la CSJ de sumarse, ya sin guardar siquiera apariencias, surgen nuevas propuestas para nuevos modelos de inversión hasta en infraestructura, puesto que el pastel ha quedado debidamente cocinado y sazonado.
Si se concreta el plan que evidentemente están ya trabajando los magistrados, los guatemaltecos tendremos que soportar para siempre el modelo de cooptación y corrupción que tiene sus cimientos en la impunidad para cuya defensa fueron electos estos integrantes de las Cortes. Por ello es que cuestionamos seriamente la cacareada institucionalidad, porque la misma responde únicamente a los promotores de los vicios que destruyen nuestro sistema y evitan que el Estado pueda cumplir con sus fines para promover el bien común. La institucionalidad representada por ese tipo de magistrados es un mamarracho peor que nuestra red vial, lo cual ya es mucho decir.
