Alfonso Mata
Están engavetadas, las tres leyes por las que la sociedad civil peleó en el 2015. Los diputados, han rehuido, aprobarlas con el espíritu que el pueblo les dio.
La verdad: a ellos el cambio les parece cosa baladí. La razón: eso afecta sus intereses y de sus patrocinadores. La situación: son representantes del pueblo, pero no están de acuerdo con éste. Lo que ocultan: afectan los intereses de ellos y sus patrocinadores. Justificaciones: Hay asuntos más importantes que tratar (¿para quién o quiénes?). No se puede hacer muchos de los cambios solicitados (¿a quién afectan?). Se violan principios constitucionales: cuántas veces los legisladores lo hacen.
Pero no todo es culpa del Congreso, la monserga de derecho público que nos sirve de Constitución, lo más claro de su errónea elaboración, es la permisibilidad a que ha dado lugar: predispone la sujeción de la soberanía y deseos del pueblo.
Pero dejemos por un momento a los diputados y la Constitución, pasemos a reconocer nuestro error como pueblo con el sufragio. Elegimos personas que ni siquiera saben hablar, otros con una lógica que ni siquiera cabe en el cerebro de un insecto, muchos con ironía a flor de labios, producto de su prepotencia, algunos que pecan de ingenuos pero son más pícaros que Alí Babá, la mayoría emite juicios ajustados a ningún tipo de ciencia o discernimiento, más que de “vénganos a los bolsillos” y eso sí, todos pretensiosos. El error es nuestro, no elegimos personas que se les solía llamar probas por su inteligencia, su carácter y su honestidad. Conciencia recta y corazón honrado decía la gente de antes.
Pero yo me hago una pregunta y se la hago a usted. Si los avances de la ciencia permiten estudiar y clasificar a las personas por su inteligencia, habilidades de buen liderazgo y honestidad ¿por qué no hay ley vigente que obligue a pasar por esas pruebas a todo funcionario que pretende un puesto público? eso permitiría eliminar al incapaz, mentiroso, ladrón. A aquellos que son dueños de dos o tres ideas, solo para su propio interés. Y entonces -sé que viene a su mente y la mía- qué pasaría si se usa ese instrumento, para depurar el Congreso actual, ¿no es acaso a través del uso de la ciencia, la forma más correcta de llegar a la verdad? Señores diputados ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacerse las pruebas? A su dictamen y al que no la quiere hacer tiene una puerta de escape: la renuncia y que le vaya bien.
Quejosos han estado los diputados de lo mal y mentirosa que es la prensa, de la ingratitud del pueblo hacia ellos, de…mil y una cosa que los ha puesto como los malos de la película. Bueno ahí tienen la mejor manera de desengañarnos: háganse las pruebas. Oigo su argumento: NO, eso viola ta ta ta ta ta. No nos crean ingenuos, el sistema que no se rige por la verdad y la ciencia, lo que es más, no se aproxima a ella, solo puede servir al fraude y al engaño.
La política es una ciencia aunque muy experimental. El problema está en cómo la usa el pueblo y cómo los funcionarios a quien beneficia. Estudiar lo que esperamos unos y otros de ella, nos mostraría cuán errados estamos ambos en lo que cada uno debe hacer; sin embargo, nadie atiende a eso.
En el derecho soberano, cuando la población tiene en su contra a sus funcionarios, esta situación debe permitirle apelar así mismo, determinando en forma cuantitativa la cuestión, pues debe considerarse que el pueblo “personalmente” es una elección sapiente y esto es y debe ser el referéndum. Sin posibilidad de referéndum, de depuración de algo que está mal, la política y el Estado se vuelve un juego de alquimia. Sin partidos con ideas claras, elecciones conscientes, diputados preparados, referéndums a mano, no podemos esperar avanzar en la democracia. Es obtuso pensar que a como están las cosas, podrán obtenerse resultados halagadores. De ahí la importancia de las leyes que no quieren aprobar, como el pueblo las pidió y que pueda persistir la corrupción y la incapacidad.
