Raúl Molina
Uno de mis mentores salesianos, el Padre Marcos Mellado, me hacía notar hace algunos años, cuando le comentaba de los esfuerzos que yo hacía por contribuir a la unidad de las fuerzas sociales y políticas progresistas, que lo que estaba ausente en la práctica política del país, independientemente de las supuestas ideologías, era la ética. Si aún estuviese vivo, al ver la crisis actual del Estado, indicaría con razón que la crisis más profunda es la ética. La ciudadanía ha dejado de creer en la clase política, porque esta ha dejado de entender y practicar los valores que conduzcan a la decisión correcta entre el bien y el mal. Se afirma: “La ética… estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral”, y se comenta: “La ética estudia qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social”. En la práctica política se actúa con ética cuando por encima de las presiones sociales y económicas, o de otra naturaleza, la persona se basa en “lo correcto” de cara al bien común de la sociedad. La práctica política en Guatemala se ha divorciado totalmente de la ética. Con acierto, Miguel Ángel Sandoval afirma: “Cuando se produjo la movilización del 2015 escribí… la ‘Revolución Moral del siglo XXI’, en donde afirmaba que la corrupción hasta antes de esa fecha era socialmente aceptada y que ahora era socialmente rechazada. Luego concluía que la corrupción no había sido derrotada y que correspondía hacerlo, en lo que para mí era la tarea estratégica del país”. Esto nos ha llevado a la lucha de 2017, al encontrarnos con la falta de principio y valores en el comportamiento de la clase política.
En la mayoría de los países se espera de los más altos magistrados de justicia un comportamiento apegado a derecho y ecuánime. En Guatemala, la justicia se vende al mejor postor, a quien tiene poder político, militar o económico. ¿Cómo puede rechazarse el antejuicio contra el Presidente, ante acusación de haber recibido doble pago del Estado, sólo porque ha devuelto el dinero? ¿Cómo una magistrada maneja una red de corruptos dentro del sistema judicial, que vela por unos pocos inescrupulosos? Ha quedado en evidencia que la inmensa mayoría de diputadas y diputados ha protegido al Presidente ante la acusación de ser responsable del financiamiento ilícito del FCN-Nación y pretende blindar a los Secretarios Generales de partidos políticos frente al mismo delito, gracias al “Pacto de la Corrupción”. Este comportamiento es ajeno totalmente a la ética. Y el Presidente se ha caracterizado por las maniobras amorales, mentiras y secreto, la manipulación y la mezquindad en sus ataques arteros contra el MP y la CICIG, para preservar los intereses de camarillas corruptas, dentro y fuera del Estado, y extender el manto de la impunidad a quienes debiesen ir a parar a la cárcel. Presidente y vicepresidente carecen de ética y han llevado a este gobierno al despeñadero. No ha de salvarlo nadie; debemos hacer que caiga, con nuestra Revolución Ética, y lograr un legítimo Pacto Nacional.
