Javier Monterroso
Se le ha denominado pacto de corruptos a la alianza para garantizar impunidad conformada entre el presidente Jimmy Morales, los líderes de los partidos políticos FCN, UNE, TODOS, MR, Alianza Ciudadana, UCN, Unionistas, PAN y algunos empresarios, este pacto incluye: 1. Que el Congreso no retire la inmunidad al Presidente por las acusaciones que se presenten contra él, 2. Que el Congreso apruebe modificaciones a leyes penales para favorecer a los políticos y otros acusados de casos de corrupción (incluyendo familiares de Jimmy), 3. Que el Ejecutivo expulse del país al Comisionado Iván Velásquez, 4. Proyectos para los diputados de esos partidos en el presupuesto general del Estado del 2018, 5. La elección en mayo de 2018 de un Fiscal General afín a Jimmy Morales y los partidos políticos para retrasar o cerrar los casos de corrupción, 6. La elección en octubre de 2018 de un Contralor General de Cuentas afín al Presidente y los partidos políticos, 7. La elección en septiembre de 2019 de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones afines a los ya mencionados miembros del pacto.
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones sociales impidieron que por el momento se concretaran los puntos 2 y 3 del pacto de corruptos, este se mantiene vigente, e incluso se hace cada día más fuerte, los firmantes del pacto no descansarán pues saben que si fracasan en su intento de lograr impunidad irán a la cárcel.
Cuando escribo estas líneas nos acabamos de enterar que la Corte Suprema de Justicia rechazó dos solicitudes para retirarle el derecho de antejuicio a Jimmy Morales, al parecer a los magistrados no les parece importante investigar porque el Presidente de la República recibió cincuenta mil quetzales mensuales durante casi un año por el solo hecho de ser el Comandante General del Ejército, cargo que por encontrarse establecido dentro de sus funciones constitucionales no es merecedor de un pago adicional a su ya elevado salario mensual.
Además la CSJ también rechazó la solicitud de antejuicio presentada contra 112 diputados que el día 13 de septiembre aprobaron modificaciones al Código Penal cuyo objetivo era beneficiar a miles de delincuentes, incluyendo algunos ya condenados y otros acusados de corrupción y/o financiamiento electoral ilícito que precisamente se encuentran ocupando una curul o son prófugos de la justicia; pero para los señores magistrados eso no es conveniente investigarlo.
Lo sospechoso es que la Corte Suprema de Justicia que rechazó las solicitudes de levantar inmunidad al Presidente y diputados, es la misma que en el 2015 dio con lugar solicitudes de retiro de inmunidad basadas en recortes de periódicos, ¿Qué motivó a los magistrados a cambiar su hasta ahora laxo criterio en cuanto al tema del antejuicio? ¿Sera que la CSJ ya es parte del pacto de corruptos?
