Francisco Cáceres Barrios
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Si bien es cierto que la potestad legislativa corresponde al Congreso, también lo es que el poder proviene del pueblo, como que ninguna persona, sector, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. No debemos perder de vista que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos del Estado, consecuentemente sería un total contrasentido que ese pueblo les pidiera que en vez de buscar el bien común siguieran haciendo solo lo que va en beneficio propio y de sus intereses.
Todos los guatemaltecos debiéramos tener claro que el Congreso no puede ni debe legislar en contra de la razón o solo con lo que se considere a su leal saber y entender justo o razonable. Si así lo hiciera, automáticamente se perdería la legitimidad de sus actos y por ende de sus disposiciones. Nadie discute que la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene errores que deben enmendarse, pues los mismos solo favorecen a un pequeño sector político de la nación y no a los intereses de la mayoría, además de no garantizar la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas que solo tienen aquellas limitaciones que la Constitución determina.
Por ello es que la población tiene el sobrado derecho de exigirle a los diputados ¡poner sus manos afuera de las reformas electorales que necesita el país! Deben dejar que la población, acompañada de las entidades no contaminadas con la politiquería que ha caracterizado últimamente a nuestro país, sea la que proponga y exija a sus mal llamados representantes su inmediata aprobación para que este mismo año puedan entrar en vigor, pues ya es hora de hacer valer el principio que la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de ese mismo pueblo a elegir y controlar a los gobernantes.
Debemos tener presente que no hace mucho la población dio una pequeña muestra de lo que es capaz cuando los diputados al Congreso pretendieron burlarse de la población, como en el caso de emitir reformas legales que propugnaban por la corrupción y la impunidad, lo que sobradamente sabían que iba en contra de los intereses de las mayorías. ¿Serán capaces entonces de no haber asimilado la lección que estos mismos diputados dijeron haber aprendido al dejar sin efecto la monstruosa legislación que habían aprobado? Toca a ellos entonces poner en práctica aquel refrán que sabiamente dice que: “No hay que tocar a Dios con las manos sucias”, si no desean recibir otra muestra más de lo que muy bien no podría tener el final feliz de aquel no lejano día de septiembre.
